Amables lectores: Los delitos de menor complejidad no deben someterse al mismo trámite procesal que se aplica en aquellos que exigen mayor investigación y dedicación de las personas designadas para armar las piezas diversas de la investigación.  En Colombia se juzga siguiendo los mismos pasos, una calumnia que un asesinato.

Para que los colombianos volvamos a recuperar nuestra confianza en el acceso a una verdadera justicia las autoridades encargadas de administrarla deben dar  una respuesta oportuna, con mayor celeridad en reaccionar ante el delito y disminuir al máximo los tiempos procesales.  Afirma Jorge Eduardo Lodoño Ulloa, exministro de Justicia, una gran verdad: “justicia tardía no es justicia”.  Los resultados de su aplicación según el exministro deben ser  oportunos.

Adicionalmente destaca el exministro la importancia que tendrá para el tema anterior la Ley 1826 del 2017, al reducir cuando entre en aplicación, el número de audiencias de siete en promedio, a dos, en un procedimiento penal ordinario.  También se reducirá el tiempo en una tercera parte, pues de 415 días  pasará en promedio a 160 días.  Esta ley según los conocedores se vislumbra como conveniente y necesaria para disminuir los índices de impunidad.

Sobre la justicia, también se debe destacar, que su ejercicio se ha vuelto un concurso de presiones, astucia, triquiñuelas, trampas y dilaciones por parte de ciertos jueces y abogados, llevando muchos procesos a la prescripción.  Esta forma de obrar de los profesionales encargados de la aplicación de la justicia, la convierten en un “sainete”, que no es más que una obra teatral, algunos veces corta y jocosa con carácter popular.

Cuando vemos, según afirmación del abogado Andres Hurtado García, que en ciertos pleitos de gran publicidad aparecen nombres de abogados “famosos”, se garantiza que el proceso será largo, posiblemente con vencimiento de términos, corriendo el riesgo que el occiso, ya enterrado, resulte de pronto vivo.

Según Hurtado García, frecuentemente se afirma que los colombianos somos todos iguales ante la ley.  Que grana mentira.  Si esto fuera así ¿por qué algunos picaros privilegiados  van a cárceles especiales y no a las comunes?  Es que allí los pueden matar dicen los defensores de estos privilegios,  ¿será que  a los delincuentes del común no los pueden asesinar en las cárceles ordinarias?  Los beneficiados con estas ventajas son aquellos que más honestos debían ser, porque más han recibido del país, que les dio una oportunidad de educación profesional en Colombia y algunos con especializaciones  en el exterior.

Estos individuos han robado miles de dólares al Estado.  En algunas ocasiones, muy pocas van a la cárcel y si van en muy corto tiempo salen de prisión a gozar, sin sanción social alguna del dinero acumulado. Que tal la teoría que si denuncian a otro, les rebajan la pena hasta en un 50%. Menos rebajas para poder ejercer verdadera justicia