En pocos días, entre el 6 y el 10 de junio venidero, se llevará a efecto la Novena Cumbre de las Américas, en Los Ángeles, California. Muchos creíamos -entre los que me cuento- que el presidente Biden y su Cancillería (el Departamento de Estado), para diferenciarse de su antecesor Trump, no iban a excluir a ningún país no invitándolo a participar en la IX Cumbre de las Américas porque no cumple con los requisitos de una democracia representativa de conformidad con la Carta Democrática adoptada en septiembre de 2001, lo cual habría permitido contar con la presencia como ocurriera en la Cumbre realizada en Ciudad de Panamá en el 2015, de los 35 países que forman parte de nuestra América, sea ella continental (Sur, Centro y Norte) o Caribeña.
En las Cumbres de las Américas se reúnen los jefes de Estado y de Gobierno de los Estados Miembros del hemisferio para debatir sobre aspectos políticos compartidos, afirmar valores comunes y comprometerse a acciones concertadas a nivel nacional y regional con el fin de hacer frente a desafíos presentes y futuros que enfrentan los países de las Américas.
El anfitrión Estados Unidos, siguiendo la tradición de otras Cumbres ha definido los temas prioritarios para la Cumbre, la que se desarrollara bajo el lema “Construyendo un futuro sostenible, resiliente y equitativo”. Diversas personas, instituciones y gobiernos de todo nuestro hemisferio han compartido sus prioridades y preocupaciones, entre las que se encuentran la pandemia del COVID y las grietas que ha dejado al descubierto en los sistemas sanitarios, económicos, educativos y sociales; incluyen las amenazas a la democracia; la crisis climática; y la falta de acceso equitativo a oportunidades económicas, sociales y políticas, lo que supone una pesada carga para los más vulnerables e infrarrepresentados entre nosotros. Respecto de lo temático, sin la menor duda, es grave y preocupante la inexistencia de ninguna referencia a la ola migratoria que se vive en las Américas., como también la ninguna referencia al creciente narcotráfico y sus secuelas de desestabilización democrática.
La ya mencionada Carta Democrática de las Américas, es reconocida como uno de los instrumentos interamericanos más completos, promulgado para la promoción y fortalecimiento de los principios, prácticas y cultura democráticas entre los Estados de las Américas.
Su antecedente principal es la Resolución 1080, aprobada en 1991, que por primera vez habilitó a la OEA, en caso de ruptura del orden constitucional, o golpe de Estado, a adoptar las sanciones y las medidas que considerase adecuadas para la conservación y preservación del sistema democrático como eje de nuestros ordenamientos politico-juridicos.
Esta capacidad de sancionar a los Estados Miembros que sufran rupturas institucionales, repetida y ampliada en la Carta Democrática Interamericana, es inédita en el mundo: aún hoy, sólo en las Américas (la OEA y las organizaciones subregionales que adoptaron la también llamada “cláusula democrática”) la contemplan en su acervo jurídico.
La decisión de excluir y no invitar a Cuba, Venezuela y Nicaragua está generando protestas y anuncios de no participación por parte de los presidentes de México y Bolivia, y muy probablemente de los Jefes de Estado o de Gobierno de países como Argentina, Brasil (por razones diferentes) y un considerable número de países del caribe anglófono muy influenciados por el petróleo venezolano.
Si todo esto se cumpliera sería un fracaso para la política exterior norteamericana hacia las Américas, aunque ello poco importa en Washington, dado que las Américas y la OEA incluida no están en el radar de las prioridades políticas de la Casa Blanca ni del Departamento de Estado, y ni que decir ahora que la sangrienta y condenable invasión de Ucrania ocupa la atención de toda la OTAN con Estados Unidos a la cabeza.
