Recientemente la Corte Constitucional declaró ajustado a la constitución el requisito de idoneidad para ejercer la profesión de abogado, exigido a los graduados en derecho que iniciaron estudios después de junio de 2018, fecha en la cual fue promulgada la Ley 1905 de ese año que reglamentó un examen de Estado que debe realizar el Consejo Superior de la Judicatura. Esta prueba será obligatoria para quienes soliciten la expedición de la tarjeta profesional.
El demandante pretendía que dicha exigencia se aplicara no solo a los que iniciaron la carrera con posterioridad a junio de 2018 sino también a quienes ya se graduaron, alegando el derecho a la igualdad. La Corte negó esas pretensiones amparando la libertad de escoger profesión u oficio que tienen todas las personas y destacando el propósito de la norma, cual es requerir títulos de idoneidad para una actividad que puede representar un “riesgo social”, toda vez que “la conducta individual del abogado se encuentra vinculada a la protección del interés general o común, de manera que el ejercicio inadecuado o irresponsable de la profesión puede proyectarse negativamente sobre la efectividad de diversos derechos fundamentales de terceros”, señala la decisión.
Con esas reflexiones, la Corte pone punto a la discusión sobre la aplicación de la norma, sin embargo sigue latente la incertidumbre acerca de la idoneidad de esa disposición y el qué hacer frente a los problemas éticos que adolece la práctica de la abogacía.
La obligación a los recién egresados de presentar un examen para certificar sus capacidades para litigar no soluciona las carencias de los legistas. De hecho es una de las carreras con más requisitos para acceder al título porque además del trabajo de grado o práctica de judicatura, se deben acreditar dos años de consultorio jurídico, los preparatorios y el Examen de Calidad de Educación Superior, ECAES.
Las críticas no solo recaen en quienes están dedicados al litigio, otros campos de acción del derecho como la administración pública, asesorías o el sector empresarial se han visto involucrados en investigaciones y escándalos por faltas a la ética. El año pasado fueron sancionados disciplinariamente 1098 abogados, 43 de ellos excluidos del ejercicio. En el caso de los funcionarios judiciales (magistrados, jueces y fiscales) 102 recibieron sanciones disciplinarias en 2018.
La regulación que debe tener la profesión debe ir más allá de un examen de Estado. Los controles tendrían que estar encaminadas a exigir a las universidades que ofrezcan un nivel académico de alta calidad, requiriéndolas para que quienes acceden al título sean estudiantes que den garantías de responsabilidad frente al ejercicio de la abogacía, teniendo en cuenta que ésta es una de las actividades que demanda mayor compromiso social, de su gestión depende la garantía de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Para ello hay que fortalecer la cátedra de ética e institucionalizarla como una forma de vida, porque la ausencia de la ética y los valores al momento de ejercer el derecho, sumerge al país en un mar de corrupción.
