No es comprensible que unos gobernantes recién posesionados anuncien que acabarán con una de las fuentes de recursos más importantes del país como es la industria petrolera, - y de paso otras como la carbonífera -, que aportan grandes sumas de dinero para financiar los programas sociales.
Basar esa decisión en la defensa del medio ambiente, proponiendo una reconversión de la generación de energía mediante la adopción de tecnologías “limpias” parece llamativa, pero es un enorme error.
En primer lugar, la incidencia de Colombia en el calentamiento global es insignificante, y el sacrificio de la empresa más grande del país es un costo demasiado alto para una economía débil como la nuestra. Además, la única empresa capaz de hacer una reconversión energética – como lo está haciendo ya –es ECOPETROL, de tal manera que arruinarla significaría cancelar esa propuesta casi definitivamente.
ECOPETROL es una empresa de economía mixta en la que muchísimos accionistas podrían perder sus ahorros, y los miles de empleos que ella genera de manera directa e indirecta se perderían aumentando los índices de pobreza. La mayor inversión extranjera en Colombia está vinculada a la industria petrolera con programas a mediano y largo plazo que los capitales nacionales no están en capacidad de afrontar.
Parece obtuso gobernar de esa manera, a menos que se busque arruinar las iniciativas privadas con el fin de hacer depender a los ciudadanos de las dádivas oficiales y, así, tener a un electorado cautivo para perpetuarse en el poder dentro de un sistema electoral manipulado.
Llego a creer que hay una estrategia distractora para que los ciudadanos pierdan el foco de lo verdaderamente trascendental que se quiere implantar, como el sistema de salud, el gravamen a las pensiones, la transformación de las fuerzas militares y de policía.
Esto es lo que parece al comunicar como algo muy importante la recuperación de las armas que usaban las CONVIVIR, cuando ese fenómeno desapareció hace décadas; generar un escándalo periodístico porque la Presidencia de la República compró unas sábanas; anunciar con estridencia que se abrió la frontera colombo –venezolana cuando no han desaparecido las restricciones que se vienen dando desde hace siete años; cambiarle el nombre al ESMAD etc. Ninguna de estas acciones significa cambios en las condiciones de pobreza que padecen muchos colombianos, ni resuelven temas tan cruciales como el desempleo, la inflación o la inseguridad ciudadana que agobia al país.
Los que no estamos de acuerdo con los tenebrosos anuncios que hacen algunos funcionarios debemos pronunciarnos. La democracia permite protestar pacíficamente (no con la violencia que se usó contra los pasados gobiernos); alertar por los daños que se le pueden infringir a Colombia con reformas que buscan empobrecer al ciudadano con impuestos para que el gobierno engorde sus finanzas y pueda utilizarlas con criterio político.
La ciudadanía parece amodorrada pensando en que nada va a ocurrir, mientras avanza la aprobación de las leyes ideadas por el gobierno con la complicidad de unos políticos ablandados con la mermelada que tanto se criticó en el pasado.
ramirezperez2000@yahoo.com.mx
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