Lo que ha ocurrido en el país durante el Gobierno Duque en el campo de la seguridad, tanto urbana como rural, nos muestra sendos vacíos en la prestación de dicho servicio fundamental por parte del estado.
Ahora bien, en lo rural las falencias (masacres, asesinatos de líderes sociales y ambientales, y excombatientes etc...) se han dado por el intermitente control territorial en aquellas regiones más afectadas por la acción de las diferentes expresiones de delincuencia con distintos grados de organización, llámense disidencias, reincidencias o desertores de las otrora Farc, o rezagos del paramilitarismo organizados como bandas criminales.
Es que no se puede esperar que haya estrategias de seguridad pertinentes y conducentes, cuando todo indica que las diferencias entre seguridad nacional, seguridad interior y seguridad ciudadana son borrosas en las visiones de las altas instancias estatales. Parecería ser que su mirada quedó nublada por el desdén con el que el presidente y sus ministros de defensa vieron la terminación del conflicto armado con las Farc y sus efectos sociopolíticos en un contexto de pandemia.
Lo cierto es que la actividad en torno a dichas delincuencias que afectan ostensiblemente la seguridad interior presenta unas características que los especialistas han calificado como amenazas “intermedias” o “híbridas”- con mando y coordinación de acciones, pero sin una gran estructura- cuya neutralización demanda una respuesta institucional intermedia.
Respuesta esta que debe ir más allá del solo freno temporal a la amenaza, persistiendo - con su dedicación exclusiva y permanente e interacción con las comunidades y autoridades civiles- en la provisión de un ambiente de seguridad que preserve la tranquilidad e incentive el avance sociopolítico de las poblaciones bajo el imperio de la ley y el orden. De esta manera se estimula el ejercicio de una ciudadanía campesina, indígena, afrocolombiana y de empresarios del campo, revitalizada por su confianza hacia la institucionalidad estatal, lo cual amortigua el temor a las acciones delincuenciales.
Una Guardia Rural (Nacional) vendría a ser el Dtipo de solución requerida. Su doble naturaleza civil y militar con características doctrinales y operacionales a la vez versátiles y específicas harían de esta el tipo de Fuerza Pública más adecuada y proporcionada frente a los principales retos a la seguridad interior vigentes y futuros. Retos que no serán adecuadamente enfrentados ni por la Policía por defecto, ni por el Ejército por exceso. Y esto porque dichas bandas delincuenciales no son ni ejércitos ni guerrillas, pero poseen armamento letal y organización.
Aún más, al crear una Guardia Rural dedicada permanente y exclusivamente a regiones como las arriba mencionadas y otras similares por los grados de inseguridad rural, se facilitaría concentrar la Policía en las ciudades y municipios más poblados para concentrarse en la seguridad ciudadana.
También se facilitaría reorganizar y reentrenar al Ejército como fuerza exclusivamente militar, incrementando su capacidad para realizar operaciones puntuales y temporales, cuando y donde sea necesario para salvaguardar la soberanía nacional frente a amenazas a la seguridad nacional internas o externas.
En fin, sería la solución para reversar decididamente los procesos de militarización de la Policía y desprofesionalización del Ejército, que se dieron en Colombia por cuenta del prolongado y descompuesto conflicto armado. Es más, esta propuesta se puede implementar sin erogaciones presupuestales extraordinarias.
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