Sorprendente, por decir lo menos, la inesperada noticia que nos llegó de los Estados Unidos, el viernes 18 del presente mes, informando que la justicia de ese país tenía las pruebas que involucraban a tres expresidentes de nuestra Corte Suprema de Justicia, comprometidos en varios delitos, para favorecer a delincuentes de cuello blanco, a cambio de millonarias sumas de dinero.
Esa noticia, que en nuestro país cayó como una bomba atómica, en el fondo no hizo otra cosa que confirmar los insistentes rumores que desde tiempo atrás rodaban por los pasillos del Palacio de Justicia, sin que nadie se hubiera atrevido a formular denuncia alguna, dado el temor que inspiran esas altas Cortes, incluido el propio Consejo de Estado.
¿Cómo es posible que haya tenido que ser la justicia norteamericana, la que destapara la olla de lo que, al parecer, estaba ocurriendo desde hace tiempo?
La respuesta es obvia y resulta contundente: no existen controles eficientes para los intocables magistrados, quienes además son dueños de un poder casi absoluto, con el que intimidan al Congreso y al Gobierno.
Y no hay modo de controlarlos, por cuanto un grupo de ellos se ha venido oponiendo a que existan controles, so pretexto de que ello atentaría contra la independencia y autonomía judicial.
Si bien es cierto que en una democracia la justicia debe ser autónoma e independiente, no por ello sus magistrados deben estar exentos de rendir cuentas, porque no gozan de inmunidad absoluta.
Y cuando el Congreso ha pretendido reformar la Constitución para establecer esos controles, las altas Cortes terminan intimidando a los congresistas que temen ser objeto de procesos penales o de perdida de investidura, logrando de este modo el hundimiento de los proyectos o consiguiendo que la Corte Constitucional, en su momento, haga trizas cualquier intento de modificar ese estado de cosas que resultan perturbadoras para la democracia.
Los ejemplos resultan notorios.
Los últimos intentos de reformar la justicia, han terminado hundiéndose.
Y la reforma electoral, propuesta por una excelente comisión, fue sepultada sin pena ni gloria, porque al Consejo de Estado no le agrado y el Gobierno no la defendió, no obstante haber integrado ese panel de expertos.
Lo mismo ocurrió con la tan mencionada reforma política que tampoco le gusto al Consejo de Estado, por lo que está a punto de fracasar.
Así las cosas, no existe congresista alguno que se atreva a desafiar la máxima autoridad contenciosa del país, mientras esta tenga el pleno poder de despojarlo de su investidura.
Indiscutiblemente, la única posibilidad para acabar con esta hecatombe judicial, es convocando a una constituyente que enderece las cargas en las altas esferas judiciales para evitar que se siga diciendo que lo recientemente ocurrido, ha sido un simple hecho aislado, que no perturba el normal y eficiente desarrollo de la justicia. Que lo que acaba de ocurrir sirva de alerta para que la justicia no termine explotando en las manos de quienes la ejercen y, también, la administran.
