Ustedes pensarán que me acontece igual que a los respetados periodistas de la radio, que abrevo en este periódico, pues por segunda vez  tomo una noticia para comentarla.

Efectivamente reseño la del viernes 24 de abril  destacada  en la página 6ª: “Denuncian al procurador regional por no suspender a un alcalde”.

En un entorno “arribista” como el  nuestro, donde el único que redistribuye el ingreso es el sector público, resulta estimulante que los ciudadanos denuncien ante los organismos competentes.

Lo digo desde la soledad que produce esta atalaya de opinión, pues los viejos amigos y hasta los verdaderos les da temor saludarnos, pues temen caer en desgracia con los gobernantes, frustrando sus expectativas burocráticas o contractuales.

Si cuatro o diez veedores públicos tuviesen el valor civil de Omar Javier García  reduciríamos la corrupción en un porcentaje significativo en la región. Lo denunciado es grave, pero más grave es que su ocurrencia es  cotidiana.

Aquí en la región, los despachos públicos que más prevarican, omiten, archivan  y retardan, ocultan o desaparecen actuaciones procesales son los organismos de  control, como en la Procuraduría y en las contralorías territoriales y aún en la colegiatura de la  General de la República, la Fiscalía regional. Soliciten copias de las resoluciones de archivo y verificarán mi comentario.

La lección de valor civil de Omar Javier, la imitaré, no solo llevando a la sala  Plena  de la Sala plena Penal de la corte, el caso que comenté en mi columna anterior, relativo los últimos gobernadores titulares y a los  siete encargados o con delegación de funciones, que pretenden perpetuar el régimen de corrupción por los siglos de los siglos amen.

Todos esperábamos del Señor Procurador Regional unas actividades de vigilancias muy eficientes y muy eficaces, pues quedamos muy bien impresionados por su breve paso por la personería municipal de Cúcuta y su buen criterio jurídico. Su llegada a la Procuraduría Regional, la aceptamos con las condiciones a que se someten los que pasan por esa posición y descontamos las presiones politiqueras a que lo someten, que en esta “semidemocracia” nos parecen normales,  pues el padrinazgo para llegar contiene compromisos.

Pero confiamos en el imperio de la ley, que es el freno de pie y de mano, que para los padrinazgos.  

Yo he manejado  con prudencia cuatro casos que están en manos del procurador regional, pero esta lección que nos da Omar Javier me despertó. En plena campaña  presidencial de Santos y Martha Lucía y Zuluaga hice una denuncia electrónica radicada 6530 de 2014, que al consultarla en la  web de  la procuraduría se desvanecía.

Alguna  vez estuve en el nivel central y constatamos que se había enviado a Cúcuta y aquí la localizamos archivada y “engavetadita”.  

Un día cualquiera fui a la Regional a indagar que había pasado y me entregaron copia de un auto sin fecha que conservo, que se inhibía, pero en un arranque de pudor, ordenaba comunicar al quejoso, comunicación que nunca llegó.  

Otro día,  el4 de febrero de 2015 previendo lo que pasó con la anterior, entregué una queja grave contra uno de nuestros gobernantes, dirigida personalmente al Doctor Alejandro Ordoñez y la engavetaron.  Tres veces que estuve de paso por la capital indagué y no ha llegado.  La semana pasada se me informó que se había saltado al doctor Ordóñez y ya le había designado un profesional  universitario, lo cual es un despropósito, pues yo le escribí fue a Ordóñez. Los otros tres casos son más graves, pues el procurador quiere ser juez y parte. Por eso imitaré a Omar Javier.