Esta semana se instala el Congreso que irá hasta el 20 de julio del 2026 con grandes desafíos por delante. El que termina este miércoles quedó en deuda con los colombianos. Fue inferior a sus responsabilidades y nunca entendió lo que sucedió en las calles con las protestas del 2019 y el 2021. No aprobaron en estos 4 años ninguna reforma importante. Tampoco impulsaron la implementación legislativa del acuerdo de paz y fueron muchos y muy graves los escándalos de corrupción de sus integrantes, en connivencia con el gobierno. El Congreso saliente se dedicó a las reformas tributarias y a aprobar iniciativas del ejecutivo absurdas e inconstitucionales como la cadena perpetua o la modificación a la ley de garantías, tumbadas con razón por la Corte Constitucional.

Tras las elecciones legislativas y presidenciales es claro que el país y el gobierno cambiaron. El Congreso también, pero no tanto. La nueva conformación de Cámara y Senado es un avance en la dirección correcta, pero aún insuficiente. Hoy tenemos un Congreso más parecido a la Colombia real. Las nuevas caras, la ampliación de la democracia y la consolidación de fuerzas progresistas y alternativas, fue posible gracias al Acuerdo de paz con las FARC en el 2016 y la apertura que significó. Entre los cambios positivos del nuevo Congreso es importante destacar el crecimiento de las representación de las mujeres en el Senado; la representación de las víctimas del conflicto de los territorios PDET con 16 voceros y la aparición de nuevos liderazgos cívicos, comunitarios, afros, indígenas y campesinos. También, por primera vez, las fuerzas distintas a los partidos tradicionales representan más del 30% del Senado. Ese gran salto implica un enorme reto para los congresistas que llegan por primera vez y sus partidos. El Pacto Histórico y la Coalición Centro Esperanza suman 33 senadores, una cifra inimaginable hace unos años.

Sin embargo, falta todavía mucho por avanzar. Al lado de estos movimientos sociales y de opinión siguen siendo elegidos congresistas con enormes cifras de dinero producto de la corrupción estatal y en el caso de la Cámara de Representantes la participación de mujeres y de fuerzas alternativas es sustancialmente menor que en el Senado. Los desmesurados costos de las campañas que no tienen ningún control, la ausencia de independencia de la organización electoral y la figura del voto preferente, se mantienen como graves problemas en la política nacional, que impiden unas elecciones más transparentes y equilibradas,

Por ello, para consolidar este cambio se requiere aprobar la reforma política y electoral contemplada en el acuerdo de paz que no se puede eludir más y que debe incluir como mínimo la eliminación del voto preferente, la financiación pública de las campañas y la creación de una autoridad electoral fuerte, independiente y con dientes para combatir las prácticas corruptas. El cambio que tendrá este Congreso fue posible por la decisión del Pacto Histórico de conformar una lista cerrada con paridad de género. Ahora se debe convertir en norma de obligatorio cumplimiento para todos los partidos y se cuenta con la ventaja que presidirá el Congreso Roy Barreras, quien ha estado comprometido con esta idea desde las fallidas reformas anteriores. El nuevo Congreso y el gobierno tienen entonces la gran responsabilidad de aprobar de una vez por todas una profunda reforma política. Si no se hace ahora, lo avanzado podrá ser flor de un día y retrocederemos de nuevo en 4 años.

En este tema de la reforma política, como en las demás reformas que tienen que ver con la salud, la educación, el campo, La Paz y la policía, el nuevo gobierno debe tener el mayor cuidado para evitar que los partidos que acompañaron a Duque y hoy se suman en forma entusiasta y oportunista a la coalición del gobierno, no terminen convertidos en caballos de Troya que frenen el anhelo de cambio de los colombianos.