El primer programa de sustitución social voluntaria de cultivos ilícitos se creó en el mandato de Samper en 1995 con el nombre de Plante. Surgió de las negociaciones del gobierno con los líderes de las protestas cocaleras del sur del país, que se oponían a la erradicación y la fumigación de cultivos ilícitos con glifosato. Desde entonces han transcurrido 27 años, el Plan Colombia, la seguridad democrática y el acuerdo de paz con las Farc, y seguimos en las mismas con más de 200.000 hectáreas de coca sembradas en varias regiones del país.

Es claro, entonces, que fracasó la lucha contra las drogas como la entendimos en las últimas décadas y es acertado el discurso del Presidente Petro, tanto en la ONU como en El Tarra. Hay que cambiar de paradigmas en la política antidrogas. El costo que pagamos en estos 50 años es inmenso y es hora de recuperar el liderazgo en la comunidad internacional para exigir, con toda autoridad moral, un mayor compromiso y apertura mental de los países consumidores. Una mayor corresponsabilidad, como ya proponía Barco a finales de la década de los 80s. Mientras avanza un nuevo enfoque para enfrentar esta problemática global, a nosotros nos corresponde enfrentar con ideas audaces y novedosas la disparada de los cultivos ilícitos.

La alternativa a la actual política contra las drogas no puede ser abandonar la lucha, sino librarla en forma distinta. La parálisis no es una opción, como lamentablemente ocurrió en los últimos años ante la inviabilidad de continuar con las aspersiones áreas y el desmonte del PNIS contemplado en los acuerdos de paz. Los cultivos crecieron a pesar de los esfuerzos en erradicación manual forzada y con ellos la violencia, asesinatos de líderes sociales y excombatientes, en zonas como Cauca, Catatumbo, Bajo Cauca, Nariño o Chocó. Con el nuevo gobierno soplan vientos favorables para el Norte de Santander y los últimos anuncios son muy importantes. Nos llena de esperanza la presencia en el Catatumbo de Petro, por segunda vez en 4 meses y son positivos los anuncios. Se requiere en la subregión una intervención integral del Estado, que vaya mucho más allá del subsidio individual al campesino que erradique voluntariamente y decida pasarse a la legalidad.

La decisión de abrir la Universidad del Catatumbo, la implementación integral del acuerdo de paz, la formalización de títulos a campesinos de la zona y una inversión transparente de los recursos de regalías en los municipios PDETS, son esenciales si queremos derrotar a las mafias criminales en el Catatumbo, que extienden sus tentáculos en forma amenazante al área metropolitana de Cúcuta. En el caso específico del programa de sustitución de cultivos se requiere recuperar la confianza de los campesinos que en los últimos 30 años han sido traicionados una y otra vez por un estado que no cumple sus compromisos. Ese es el mayor desafío y por la misma desconfianza histórica es que seguramente el presidente soltó la controvertida propuesta de permitir que se mantengan los cultivos ilícitos mientras el campesino se incorpora plenamente a la legalidad.

Una idea sin duda riesgosa y difícil de explicar, que se podría evitar si el estado asume con convicción y organización un compromiso integral con las comunidades cocaleras. El estado debe ponerse del lado de los cultivadores, que es el eslabón mas débil de la cadena, y perseguir en forma implacable a los carteles y las mafias que se apoderan de muchas de esas zonas. Aumentar en forma efectiva y real la destrucción de laboratorios y asumir la lucha contra el lavado de activos, deben convertirse en propósitos nacionales con el respaldo de toda la sociedad. Son esas mafias las que se quedan con el billete, mientras dejan a su paso sufrimiento, dolor, pobreza y violencia a los campesinos. Hay que desatar ese círculo vicioso y el término clave es intervención integral del Estado. Los anuncios del Presidente en nuestro departamento van en la dirección correcta. Las palabras claves serán Reforma Rural Integral, PDETS, Universidad y PNIS.

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