El Secretario General de la OEA dio a conocer un nuevo informe sobre la situación política, económica y social de Venezuela. Es devastador. Las reacciones no se han demorado.

Luis Almagro, Secretario General de la OEA, es un exministro uruguayo, de centro izquierda, que de manera franca y vigorosa ha asumido sus funciones de defensor de la Carta Democrática de las Américas y del Acuerdo Constitutivo de la OEA, que obligan a todos los países miembros.

Hace un año, Almagro había presentado un informe semejante. En ese momento, los países miembros se limitaron a darse por enterados del informe y a expresar sus esperanzas de que, mediante el diálogo entre el gobierno y la oposición, Venezuela retomara el camino democrático. Una posición blanda, que se ha vuelto típica en los países latinoamericanos, que con frecuencia se muestran tímidos para defender el respeto a las normas esenciales  de la democracia en la región.

En su nuevo informe, el Secretario General del organismo Hemisférico declara que el diálogo fue un fracaso. “Las gestiones diplomáticas realizadas no han dado por resultado ningún progreso. Los reiterados intentos de diálogo han fracasado... No podemos permitir que la premisa del diálogo siga siendo utilizada como cortina de humo para perpetuar y legitimar el poder autoritario de lo que se ha convertido en un régimen en Venezuela, señaló.

Más adelante dictaminó: “Los hechos no dejan lugar a dudas. Venezuela viola todos los artículos de la Carta Democrática Interamericana”.

Las violaciones, en opinión de Almagro, se relacionan con el hecho de que la Constitución se pisotea permanentemente. No existe un estado de derecho, el que “ha sido eliminado por un poder judicial completamente controlado por el Poder Ejecutivo”, las potestades constitucionales de la Asamblea Nacional se han irrespetado y las leyes aprobadas por la misma han sido anuladas. 

“Hoy en Venezuela ningún ciudadano tiene posibilidades de hacer valer sus derechos; si el Gobierno desea encarcelarlos, lo hace; si desea torturarlos, los tortura; si lo desea, no los presenta a un juez; si lo desea, no instruye acusación fiscal”, diagnosticó.
 
“El ciudadano ha quedado completamente a merced de un régimen autoritario que niega los más elementales derechos”, concluyó en la parte del análisis sobre los derechos constitucionales y legales de los venezolanos.

Pero no se quedó allí: acusó al régimen venezolano de estar carcomido por la corrupción, mientras que la economía va en caída libre, no hay suficientes alimentos y los servicios de salud son trágicamente precarios, con hospitales que no tienen loe medicamentos esenciales para tratar a los pacientes y salvar vidas.  “La profunda crisis humanitaria es de una escala inaudita en el Hemisferio Occidental. Se ignoran los derechos civiles y políticos. Todo en el interés de preservar la riqueza, el privilegio y la impunidad de quienes se aferran al poder”. Más claro y franco, imposible.

Este segundo informe produjo reacciones inmediatas, que ojalá conduzcan a enderezar las políticas y abusos del régimen. Por ejemplo, el Washington Post,  principal diario de la capital norteamericana y uno de los más importantes del país, en editorial, acusó al gobierno de Obama de haber ignorado las denuncias anteriores de Almagro, y, junto con los países latinoamericanos, haber respaldado una misión de mediación para promover el diálogo entre gobierno y oposición, como si este fuera una solución. Acusa a su gobierno de haber presionado fuertemente a la oposición venezolana  para negociar con el régimen. “Como el Sr. Almagro vívidamente describe, la iniciativa fue un abyecto fracaso”, concluyó el editorial.

Al mismo tiempo, se ha conocido un borrador de declaración que cuenta con el apoyo, hasta el momento, de 14 países de la OEA, incluyendo a Colombia y a Estados Unidos, en donde consideran urgente “la liberación de prisioneros políticos, el reconocimiento de la legitimidad de las decisiones de la Asamblea Nacional (…) y el establecimiento de un calendario electoral”. Esa declaración sería discutida el próximo martes, en una sesión extraordinaria del Consejo Permanente del organismo. Ojalá que, en esta oportunidad, su redacción final sea firme en defensa del estado de derecho y la democracia en la región.

Se puede considerar que otro avance, producto de la nueva presión sobre el régimen de Maduro, es el de que haya aceptado solicitar al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo ayuda para solucionar el problema de escasez de medicamentos. La Directora de este programa Jessica Faieta estuvo en Caracas y se reunió ayer con el Presidente. Anteriormente, por orgullo y terquedad para no reconocer los problemas existentes, se había negado a recurrir a organismos internacionales.

En conclusión, gracias al informe del Secretario General de la OEA, la presión sobre el gobierno venezolano ha aumentado y los ojos de la comunidad internacional están mucho más vigilantes.