Van tres dolorosos fracasos de la Cancillería colombiana en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, en el pleito con Nicaragua por los límites marítimos en el Caribe. Sus argumentos no fueron aceptados en 2007, 2012 y 2016, e igual puede suceder en el próximo fallo. Y las pérdidas han sido mayúsculas: 75 mil kilómetros cuadrados de mar, con sus derechos sobre la pesca y el suelo y el subsuelo, y la desmembración del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, del que separaron a los Cayos Quitasueño y Serrana, que quedaron enclavados dentro del mar nicaragüense.

Además se lesionó algo muy caro para los raizales sanandresanos: su comunidad histórica, económica y cultural y sus fuertes vínculos con sus familiares y amigos de la costa de Mosquitos.
 
Aunque esta vez la Corte no decidió de fondo, sí negó la petición de la Cancillería colombiana para que no avocara las dos demandas de Nicaragua: que declare que Colombia no ha acatado la sentencia de La Haya de 2012 y que le otorgue una plataforma continental extendida, más allá de las 200 millas que ganó en el fallo anterior, área de suelo y subsuelo marino que se sustraería de los derechos colombianos.
 
Ante estas realidades, tan irritantes para cada colombiano y como una protesta, el presidente Santos anunció que Colombia no participará en lo que sigue del proceso en La Haya, decisión que, debe saberse, no impide que el proceso continúe y que al final se emita una sentencia que será inapelable para las partes, como ocurre con la de 2012.

En razón de este desastre diplomático de Colombia, son amplios los cuestionamientos a la manera como se han defendido los intereses nacionales frente a Nicaragua. Se controvierten las políticas de los gobiernos de Andrés Pastrana, Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos, cuyas posiciones han coincidido en lo fundamental y han sido respaldadas en la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores por el liberalismo, el conservatismo y las fuerzas nacidas de estos. Políticas de Estado, las han calificado, pero sin haber contado con la oposición. Y fracasadas, a la vista está.

Lo primero digno de debatirse es por qué no se dialogó con Managua una vez surgió el diferendo ni tras el fallo adverso de La Haya en 2012, conversaciones que ningún daño le hacían al país y que hoy, en condiciones más difíciles, los colombianos debemos promover, para poder acordar un tratado beneficioso para las dos partes. Los hechos probaron que el Tratado Esguerra-Bárcenas (1928) no protegía del todo a Colombia, riesgo que, por ejemplo, advirtió Alfonso López Michelsen cuando puso en duda el valor legal del Meridiano 82 como límite marítimo y propuso dialogar con los nicaragüenses. ¿Sí puede presentarse como excelente para el país el Esguerra-Bárcenas, en el que Colombia renunció a la costa de Mosquitos en el continente y aceptó que tenía un “litigio” de soberanía con Estados Unidos por Quitasueño, Serrana y Roncador? ¿No influyó en la desmembración del archipiélago que el país, en el Tratado Vásquez-Saccio (1972), volviera a ceder ante abusivas exigencias estadounidenses?

Es severo el cuestionamiento de Enrique Gaviria Liévano a la decisión de Colombia de no argüir en La Haya que San Andrés, Providencia, Santa Catalina y las demás formaciones no eran una suma de partes, como se expresó, sino un archipiélago de Estado, es decir, un conjunto de tierras, aguas, gentes e historia que debía delimitarse y tratarse como un todo indisoluble.

¿Por qué los sanandresanos no pudieron participar en el diseño de la posición nacional y el gobierno pasó de defender como límite el Meridiano 82 a usar el criterio de la línea media? ¿No es inaudito que la Cancillería colombiana fracasara dos veces en su propósito de sustraer al país de los fallos de la Corte de La Haya? ¿Cuál es el valor real de los abogados que cobraron 4.176 millones de pesos y alegaron, contra el texto del artículo 56, que el Pacto de Bogotá no impone que entre el anuncio del retiro de La Haya y su aplicación tiene que pasar un año?

En defensa del derecho democrático a conocer y opinar a plenitud sobre este fiasco histórico, citaré a la canciller María Ángela Holguín a un debate de control político en el Senado, para el que ya le solicité las actas de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, en las que reposan las posiciones sobre el litigio y que mantienen en un secreto inaceptable. Unirnos en torno al interés nacional no debe auspiciar el tapen-tapen ni impedir que se establezcan las respectivas responsabilidades políticas.