Con motivo de la visita que el acalde electo de Cúcuta, ingeniero Jairo Yáñez,  hiciera en pasados días a las instalaciones de nuestro principal centro de salud pública del departamento, los cucuteños nos pudimos enterar de primera mano por boca de su director Juan Agustín Ramírez, que una de sus cuentas en el Instituto Financiero del Norte de Santander (IFINORTE)  por aproximadamente 3.000 millones de pesos  correspondientes al pago del impuesto a la estampilla pro-hospital, se encuentran congelados debido a un embargo por cobro coactivo que la alcaldía de Cúcuta ordenó por la mora en el pago del impuesto predial. 

Estos recursos, indispensables para mitigar en parte las afugias económicas por las que casi desde su inauguración viene afrontando la entidad ahora agravadas por la inmigración venezolana, no se entiende que la alcaldía y el Concejo de la ciudad no hayan tomado cartas en el asunto para solucionar, en mi opinión, tan injusto proceder.   

En las innumerables reformas que ha tenido el Código Fiscal del Municipio a través del tiempo, a los mandatarios municipales no se les ha ocurrido presentar ante el cabildo municipal una disposición que aclare lo correspondiente a la obligación que pueda existir para el pago del impuesto por unos inmuebles que indudablemente son de una entidad pública. 

Ni más ni menos, se están cobrando y embargando los de la misma familia. O sea, entre entidades públicas, que al final por la condición de prestadora de un servicio público esencial, afecta  a la ciudadanía en general.  

No voy ahondar en apreciaciones jurídicas sobre lo que está en controversia, donde las dos partes dirán tener la razón. El uno, la alcaldía, dirá que cometería prevaricato por omisión si no cobra sus impuestos y el otro, el hospital, que no tiene obligación de cancelar porque los inmuebles son utilizados para la prestación de un servicio público prioritario. 

Es tarea del nuevo alcalde, de conformidad con los expresado en la visita al director del hospital, de que “es como cobrarle al hijo”, presentar ante los nuevos concejales un proyecto de Acuerdo para que se exonere al centro hospitalario de pagar el citado impuesto, no dejando ninguna duda al respecto. 

De igual manera, para solucionar el impase sobre la congelación de los millonarios recursos, le propongo también al alcalde que presente otro proyecto de acuerdo al Concejo, pidiendo autorización para celebrar convenios que permitan  una compensación a lo ya liquidado por la oficina de cobranzas del municipio.