Recientemente, el Secretario de Tránsito y Transporte de Cúcuta, cumplió la cita con el Concejo, para el ejercicio de control político del cual son objeto los funcionarios del resorte municipal en concordancia con el artículo 38 de la Ley 136 de 1994, el cual establece: “Artículo 38º.- Funciones de control. Corresponde al Concejo ejercer función de control a la administración municipal. 

Con tal fin, podrá citar a los secretarios, jefes de departamento administrativo y representantes legales de entidades descentralizadas así como al Personero y al Contralor…” 

Considero que todas las dependencias de la administración cumplen misiones importantes, sin embargo, hay algunas que son blanco de toda la ciudadanía por el impacto que generan.

En cuanto a la citada Secretaría, pese a que nunca estamos contentos con nada de lo que se hace, se ha avanzado en señalización horizontal y vertical, aún están las señoras madres cabeza de hogar apoyando la incómoda tarea de vigilar que no se obstruyan los carriles en el centro de la ciudad por los mismos indisciplinados.

La delicada acusación que hizo José Luis Duarte Contreras en la sesión del Concejo, deja claras muestras de lo que no deben hacer los altos oficiales de la Policía Nacional, muy querida y respetada institución, cuando el mismo funcionario expresó: “¿Y yo qué hago, si los policías no me hacen caso?; le hacen caso al coronel”. 

La ciudadanía debe saber que la tarea que realizan los uniformados es remunerada legalmente por medio de un convenio y en el mismo se plasman las obligaciones de las partes; casi estoy seguro, que salvo calamidad pública, la institución debe dar cabal cumplimiento y no aprovechar el rango jerárquico para mover de su sitio de trabajo a los subalternos.

El coronel Barrera, comandante de la Policía Metropolitana sabe que su actitud es contraria a ley, en caso de que lo afirmado por el Secretario de Tránsito sea verdad y no creo que un abogado se pronuncie con semejante acusación en el recinto municipal de la democracia, para sacarle el cuerpo a sus contradictores y quedar en el filo de complejas figuras penales.

Entiendo que existe un oficial de menor rango que comanda a los demás uniformados que pertenecen a la parte operativa de tránsito y también debe responder a la ciudadanía por la presunta irregularidad de su superior.

Considero que debemos apoyar la gestión del responsable de la movilidad, puesto que poco a poco va cumpliendo con lo prometido, tal como se evidencia con los avances de la semaforización aún en período de prueba y creo que si ya esperamos treinta años, unos meses más no deben desesperarnos. 

En cuanto al convenio, es el momento de revisar sus cláusulas además porque estoy seguro que nuestro jefe de Policía no tiene dentro de su brillante carrera profesional, sanciones derivadas de mal comportamiento y entonces no sabemos si los uniformados son desobedientes o la institución está frente al incumplimiento del convenio.