Hace cuatro años me opuse a la revocatoria del mandato al alcalde de Bogotá porque consideré que era una propuesta revanchista, desconsiderada, inconveniente y antidemocrática. No soy amigo personal ni político de Gustavo Petro ni esperé nada por mi actitud, asumida con criterios constitucional y liberal.

La revocatoria del mandato para gobernadores y alcaldes es uno de los instrumentos de participación popular acogidos por la Constitución Nacional. Cuando en la Constituyente lo examinamos fue notable la intervención de Carlos Holmes Trujillo, inspirado en la teoría del Voto Programático. Una de las razones que justificó la mencionada institución fue el abandono de los gobernantes a su programa electoral, convertible en Plan de Desarrollo. Se plantearon otros motivos como la incapacidad mental, la incompetencia profesional y la corrupción.

Un funcionario electo debe tener la oportunidad de gobernar el período completo, y a solo un año de mandato es inapropiado e injusto calificar su labor. Proponer y tramitar una revocatoria por desafecto personal o contrariedad política desvirtúa el sentido popular de la elección. El elegido debe comenzar y terminar, a menos que ocurran las graves circunstancias mencionadas. Los que pierden una elección o no están de acuerdo con el mandatario, tienen el derecho de hacer oposición.

Fue lo que dije hace tres semanas a propósito de la revocatoria propuesta contra el alcalde de Bogotá, Enrique Peñaloza. Ganó limpiamente las elecciones al candidato liberal y tiene derecho a gobernar cuatro años, pues a nadie se le ocurriría decir que está demente o es un gobernante corrupto.  

Un cambio de alcalde a mitad de período, con campaña electoral y otra elección, con nuevo burgomaestre para ejercer un mandato precario, es lo más costoso e inconveniente que puede suceder. 

En Santander se ha propuesto la revocatoria de los alcaldes de Bucaramanga y Barrancabermeja. Me parecen inconvenientes y fuera de lugar, desvirtúan el reciente pronunciamiento ciudadano y de salir adelante solo perjuicios ocasionarían a las ciudades y a sus habitantes. En el caso de la Ciudad Petrolera es claro que los rojos apoyarán al alcalde liberal Darío Echeverry, quien viene haciendo un gobierno ejemplar; en Bucaramanga existe el Directorio Liberal Municipal y ejercen liderato 10 magníficos cabildantes, quienes tienen el derecho de asumir una decisión, a los que con afecto y respeto sugiero no apoyar la revocatoria del alcalde Hernández.

Como a las y los liberales bumangueses les ocurre, tengo profundas divergencias con el estilo personal del alcalde municipal para ejercer sus funciones y también advierto el incumplimiento de sus promesas de campaña y la ausencia de urgentes realizaciones para el desarrollo local. Pero no creo que la solución sea revocarlo. Hay que exigirle la cabal atención de sus responsabilidades oficiales, para que a Bucaramanga y a sus habitantes les vaya bien.

La oposición, repito, es el camino. Democrática, seria, objetiva, con el carácter y la responsabilidad con que la ejercen los concejales liberales. Es la forma de consolidarse como alternativa de poder, a solo tres años.