En la era de la digitalización y la innovación, ha cobrado fuerza la idea que defiende las industrias creativas y la cultura como un motor del desarrollo social y económico. La cuarta revolución industrial viene tomando forma desde hace algunos años con el paso de la mercantilización de bienes a la comercialización de servicios, especialmente aquellos con un alto contenido cultural e intelectual.
Colombia no se aleja de estas transformaciones y ha venido incursionando en el discurso de la economía naranja, popularizado por el Presidente Iván Duque desde mediados de 2018 mediante el planteamiento que propone a los emprendedores tecnológicos y creativos como nuevos protagonistas del progreso: Arte, música, contenidos audiovisuales, cultura, libros, etc.
Indudablemente, Colombia está avanzando sólo por el hecho de querer transformar el contenido de sus materias primas, pasando de los productos agrícolas a productos intelectuales, capitales simbólicos y material cultural. Sin embargo, para hacer realidad el propósito del actual gobierno de transformar al país en un líder en economía creativa a nivel mundial, hay que superar una serie de desafíos que no han sido abarcados ni en eventos del sector, ni en el Plan de Desarrollo, y que tampoco han sido objeto de estudio de la Academia.
Para consolidar la propiedad intelectual como materia prima y desplazar industrias fuertes como las que provienen de economías extractivas hace falta un mayor compromiso en materia de institucionalidad y normatividad: Para rentabilizar el talento no basta con ofrecer créditos a los emprendedores, quienes, en muchos casos, no saben cuál es el paso a seguir después de crear su empresa. En Colombia hay desafíos de conectividad, hay vacíos en materia de disponibilidad de datos (no se conoce cuántas empresas se enmarcan bajo el concepto de economía creativa, por ejemplo) y hay un doble discurso en materia de economías innovadoras e industrias colaborativas.
Todavía no se disipan las dudas sobre el modelo de economía naranja que quiere seguir el país, dado que en algunos aspectos hay apertura y receptividad por parte del sector institucional (rebajas de impuestos, acceso a créditos, fortalecimiento a programas como INNpulsa, etc.), pero en otros, como en el caso de la economía colaborativa (Uber, Airbnb, y otras plataformas), la política sigue inclinada hacia la prohibición y al apoyo de los prestadores de servicios tradicionales, tanto en transporte como en hospedaje.
Para un sector como el de la economía naranja, que en 2016 aportó el 1% del PIB según la Cuenta Satélite de Cultura del Dane, y que en 2017 generó más de 247.000 empleos, superando en un 23% a los empleos que produjo el sector mineroenergético, según la misma fuente pero del 2018, no basta con medidas como rebajas de impuestos y fortalecimiento a programas como INNpulsa o el Fondo Emprender del Sena, hacen falta compromisos en materia técnica y tecnológica, como abaratar el uso de banda ancha, gestionar el espectro de manera eficaz: Justamente, ayer arrancó la subasta para asignar el espectro electromagnético y así dar el primer paso hacia el desarrollo del 5G en el país, en aras a llevar conectividad de calidad a las regiones y potenciar la conexión en áreas urbanas, un aspecto que viene en deuda desde hace cinco años.
Hace falta dar pasos en materia de legislación de patentes, capacitación a pequeños industriales creativos, formalización de economías creativas rezagadas, generación de escenarios de comercialización de los servicios, entre otros, pero sobre todo, es importante disolver las contradicciones entre el discurso y la normatividad, en aras a cumplir el objetivo de mercantilizar las ideas, el arte y el talento. De lo contrario, la cuarta revolución industrial sólo será discursiva.
