El título de esta columna parece a simple vista un tufillo con fines populistas para muchas personas. Para otras suena a frase de cajón de políticos en campaña. Lo más triste es que si se revisan las propuestas de los candidatos a diferentes cargos de elección popular que en Colombia posan de combatientes de la corrupción son muy pocos los que explican con detalle claro las formas o estrategias que se deben utilizar para contrarrestar este flagelo.

En efecto, el tema no es de poca monta y mucho menos en Colombia como en la mayoría de países de Latinoamérica. Para nadie es un secreto que las prácticas de corrupción encapsulan la cosa pública, la capturan y lo peor de todo son la principal causa del subdesarrollo y de las trampas infinitas de la pobreza: calles con huecos, indigentes, niños sin alimentación integral, familias sin oportunidades, educación sin inclusión y calidad, entre muchas otras situaciones.

El flagelo no es solo criollo ya que también se da en la mayoría de países del mundo aunque de seguro en proporciones menores que en las del nuestro. Esto impacta de manera directa en la integralidad y plena vigencia de los Derechos Humanos –civiles, políticos, económicos, culturales y ambientales; así como en el derecho al desarrollo, el cual afecta la gobernabilidad, las instituciones democráticas, fomenta la impunidad, destruye la institucionalidad del Estado de Derecho y aumenta la desigualdad.

En ese sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) de la que Colombia hace parte, en una línea de trabajo de varios años sobre corrupción y sus efectos en los Derechos Humanos ha expedido la Resolución 1 de 2018, en la cual establece unos parámetros y estrategias en el seno de dicha organización, a efectos de que se construyan por parte de los Estados parte políticas públicas y soluciones a la crisis moral y social que ha llevado a niveles altos de corrupción en todo el continente americano.

Esta determinación sin lugar a dudas no debería ser apropiada por ninguna campaña o ideología política en particular de las que se estén presentando para la presidencia de Colombia por cuanto es deber ineludible de todos los colombianos establecer reformas, estrategias, normas, políticas públicas y voluntad política para que los objetivos de dicha Resolución se logren materializar en el corto plazo.

La idea fundamental es pasar de una realidad semántica a una realidad fáctica donde se puedan ver resultados en la lucha contra este flagelo complejo que involucra todos los sectores de la sociedad, desde lo público hasta lo privado. En ese entendido, la Comisión ha manifestado su expectativa de que la dimensión de los Derechos Humanos sea contemplada en la cumbre de las Américas, la cual se llevará a cabo en abril de 2018 y tendrá como eje esencial el efecto de la corrupción en la región.

En ultimas, ya es hora de que la palabra corrupción se desligue de las campañas electorales del momento las cuales en la práctica no han traído resultados serios en su lucha y comience a ser una precondición necesaria para el desarrollo económico, social, cultural y ambiental, en clave sostenible de cualquier sociedad democrática o con intención de serlo.