El sábado pasado todos los medios difundieron unas cifras preocupantes del municipio de Cúcuta, no solo por las cantidades de por sí elevadas, sino por la imprecisión de las mismas y la inseguridad jurídica en la cual vegeta la institución municipal. Otra arista sensible que merece correcciones, para recolocar la brújula y ubicar el norte hacia la institucionalización de la organización.

La información es relativa a los 2.098 procesos judiciales con corte al 31 de marzo de 2021, cuya mayoría son en contra del municipio y uno que otro en los cuales es demandante. Pero la noticia incierta o no, es un buen pretexto para que todos los órganos de control en enjambre auditen la dirección jurídica y depuren la información en la que cada administración que llega, produce datos estadísticos a ojo de buen cubero.

La administración pasada nos informó a través de la Secretaría de Gobierno, el 11 de noviembre de 2016, que los procesos judiciales en contra de la municipalidad eran tres mil y así los publicaron los medios locales. Una diferencia desproporcionada -de 900 procesos- en materia informativa, que merece alguna explicación, pues quienes seguimos el ejercicio de gobierno desde hace décadas conservamos las cifras y tres mil procesos largos, necesitan para su diligente atención, cien abogados de distintas especialidades, con dedicación de medio tiempo y de manera exclusiva.

En los últimos ocho años años de la administración municipal, se han dado solos dos fallos favorables, uno intentado por el veedor cívico Jorge Heriberto Moreno, que recuperó las “manzanas de Bavaria” por $23.000 millones y el otro, un fallo favorable de la administración pasada que logré en la Corte Constitucional con la sentencia T-0099 de 2017, a favor de EIS CÚCUTA SA ESP, que hoy sigue siendo desacatada por las partes en perjuicio de las comunidades Metropolitanas.

Vale decir, quedarían 2.998 demandas pendientes, más las de esta administración, unas cincuenta; pese a las advertencias de ilegalidad de muchos de sus actos administrativos, que imponen por clientelismo y otras hierbas.

Habrá que realizar como en el ejercicio de las conciliaciones bancarias, una para saber cuál es el saldo correcto.  Por lo demás, revisar lo pagado, pues solo a un demandante- Proactiva- en una conciliación sin estar aprobada ni por la Procuraduría, ni por el juez del conocimiento se embolsilló desde la administración de Ramírez Lobo $24.000 millones, diez mil millones de pesos más que el laudo arbitral.  Y queda la escombrera, otra demanda sin apoderado, en la que soy parte, que embolsica $3.000 millones mes.

Como se ve, no coinciden las cifras, ni siquiera las más recientes, que sin soportes legales se han pagado y que no vale la pena mencionar por lo peligroso.

En mi programa de Gobierno de 2015 proponía volver la Dirección Jurídica Municipal, un departamento administrativo, dado el carácter especializado que tienen estos entes en la Ley 489 de 1998. Un departamento administrativo centralizado, de carácter colegiado que trazaba políticas uniformes a todas las entidades del municipio.  Así evitaríamos, las posiciones contradictorias y absurdas de cada asesor de secretaria o de direcciones y de gerencias.

Adenda: A Dios rogando y con el mazo dando.