En días pasados la senadora Paloma Valencia manifestó que el paramilitarismo y la guerrilla fueron monstruosos, y que el Estado cometió “errores y atrocidades, pero era legítimo”. La frase continúa diciendo: “En su afán por legitimar la lucha armada (que es terrorismo y narcotráfico); la Comisión de la Verdad decide culpar al Estado e igualarlo con la guerrillas y los paramilitares”.
Ante la controversia, la congresista aclaró que mal interpretaron su frase, pues ella nunca dijo que habían “atrocidades legítimas”, sino que el Estado colombiano es y ha sido legítimo, y no se puede decir lo contrario por el actuar de algunos funcionarios corruptos. Aceptada esa aclaración, haré un análisis de su dicho.
La primera frase es parcialmente cierta porque aún hay atrocidades que se siguen cometiendo. Pienso en los bombardeos a campamentos de grupos armados donde hay niños, niñas y adolescentes reclutados ilícitamente. También es ingenua la frase porque desconoce que las instituciones estatales no se ganan la legitimidad con la expedición de un decreto, sino en la rectitud de sus actuaciones, en la medida en que las directrices cumplen con parámetros de justicia y sus funcionarios las acatan. La senadora cayó en el formalismo de pensar que la legalidad produce a priori la legitimidad.
Además de ello, la legitimidad no es una característica de todo o nada, sino que se va diezmando a partir de las actuaciones desviadas de esas instituciones públicas y sus funcionarios. Un ejemplo de ello fue el desaparecido DAS. Es probable que todos sus integrantes no participaran de actividades criminales, pero las actuaciones ilícitas de algunos mandos medios y directivos fue tan notoria que debilitó su legitimidad. Por eso es un error creer que las instituciones son completamente ajenas a sus funcionarios.
Sin embargo, la principal razón para controvertir a la senadora es que en Colombia se han promulgado directrices institucionales que estimularon la comisión de actos delictivos. Así lo dice expresamente el Caso 003 que se adelante ante la JEP por las muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del estado. Este es un caso que probablemente no compromete a todos los integrantes de las Fuerza Pública, pero que diezma su credibilidad, entre otras cosas, por la impunidad que ha rodeado estos hechos.
De la segunda frase, se puede decir que la congresista cae en el mismo “sesgo” que ella repudia, pues para defender al Estado ataca a una de sus instituciones, la Comisión de la Verdad. De allí que entre su dicho y su práctica haya una contradicción evidente. Y, además de esto, demuestra que padece el mismo prejuicio que le endilga a sus críticos cuando la mal interpretaron: “El problema no es que no sepan leer, es la manipulación maliciosa para hacer decir al otro lo que no dice. Es una forma de deshonestidad”. Así lo dijo en su cuenta de Twitter.
El debate sobre los hallazgos del Informe Final es necesario y así lo planteó la propia Comisión de la Verdad el 28 de junio durante la ceremonia de entrega. Para ello es fundamental una lectura seria y juiciosa de sus páginas. Sin ese paso, es probable que las críticas incurran en contradicciones ilegítimas como las que planteaba la senadora.
