Un elemento de primordial importancia durante el gobierno del presidente Gustavo Petro será, según lo han manifestado él mismo, la vicepresidenta Francia Márquez y varios de los ministros ya designados, será la protección, promoción, defensa y garantía de los Derechos Humanos. Esa política mostrará una de las grandes diferencias entre el nuevo gobierno y el saliente, que no se distinguió precisamente por la sensibilidad en tal sentido, ni por la gestión al respecto.

Ese propósito es loable, y merece el apoyo del país y la buena voluntad de todas las ramas y órganos del poder público, y de los partidos políticos, pues, dado lo acontecido en los últimos años, Colombia ya no es vista como una república respetuosa de los Derechos Humanos, ni como el mejor ejemplo de observancia y cumplimiento de las reglas básicas, nacionales e internacionales al respecto. 

En consecuencia, es urgente y necesario, que el asunto pase al primer plano de las políticas oficiales y como clara determinación de un Estado Social y Democrático de Derecho, que busca la realización de un orden justo, razonable, igualitario, equitativo y participativo. Pero no puede quedarse apenas en buena intención, ni en propaganda. 

El objetivo debe reflejarse en constante actividad orientada a la eficacia de los derechos esenciales y de las garantías que consagra el ordenamiento jurídico, así como en su incesante divulgación, y en la educación de la comunidad, con el fin de generar toda una cultura -que tanta falta nos hace- de auténtico respeto a la dignidad de las personas y a sus derechos fundamentales. Esto último lo prevé la Constitución, en su artículo 41, hasta ahora incumplido: “En todas las instituciones de educación, oficiales o privadas, serán obligatorios el estudio de la Constitución y la Instrucción Cívica. Así mismo se fomentarán prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios y valores de la participación ciudadana. El Estado divulgará la Constitución”. 

Por tanto, los puntos de referencia, las directrices y los lineamientos de la actividad gubernamental serán, entre otros, la Constitución Política, el bloque de constitucionalidad, los tratados internacionales sobre derechos humanos, el Derecho Internacional Humanitario, la jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana, de la Corte Penal Internacional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como las recomendaciones de la Comisión Interamericana.

La garantía y preservación de los derechos hizo parte, como decimos, de las propuestas de campaña, y deben estar incluidas, con carácter prioritario, en la agenda oficial del Gobierno, pero, aunque así no hubiera sido, recordemos que, al posesionarse, el presidente de la República, jefe del Estado, de gobierno y suprema autoridad administrativa, habrá de asumir un compromiso trascendental, como lo prevé el artículo 188 de la Constitución: “El Presidente de la República simboliza la unidad nacional y al jurar el cumplimiento de la Constitución y de las leyes, se obliga a garantizar los derechos y libertades de todos los colombianos”.

Después de lo que se ha conocido sobre la atrocidad de los falsos positivos, y de las masacres y crímenes de todos los días -que han caracterizado estos años-, asumir ese compromiso, con claridad y transparencia, y sin impunidad, es un imperativo indeclinable.