El debate en el Congreso sobre la reforma política está para alquilar balcón. La discusión sobre listas cerradas obligatorias es uno de los puntos que ha generado una fractura en la relación del partido de gobierno Alianza Verde y el ejecutivo, al punto que esta semana varios congresistas acusaron al presidente del congreso Roy Barreras de chantajista, luego de haber escrito en un trino: “La coalición Alianza Verde tiene una responsabilidad con el cambio que se hace indispensable al aspirar a presidir el próximo Congreso. El origen de la corrupción desde la base es la lista abierta a dineros de narcotráfico y la compra y venta de votos de microempresas electorales”.
Las respuestas no se hicieron esperar. La representante Katherine Miranda expresó: “La discusión de reforma política está sobre la mesa, en un debate democrático deben primar los argumentos. No acepto que me pongan entre la espada y la pared y me chantajeen con la presidencia de la Cámara. Los puestos van y vienen, los principios y la dignidad NO”.
La senadora Angélica Lozano le respondió: “@RoyBarreras, la mayoría absoluta del @PartidoVerdeCoL está en contra de la lista cerrada. No tenemos precio, ni cedemos ante chantajes. Votar la reforma constitucional en curso bajo conflicto de interés para garantizar determinado renglón, ministerio, o cargo es corrupción”.
El mensaje que envía el Gobierno a través del senador Barreras es un ejemplo más de la relación transaccional extorsionista de doble vía que existe entre el ejecutivo y el legislativo. Los congresistas piden puestos y contratos a cambio de votar los proyectos del Gobierno y, a su vez, el ejecutivo amenaza con quitarles los puestos y el apoyo a las mesas directivas si no los apoyan.
Insólito es que el ejecutivo pretenda que los partidos de gobierno deban actuar como borregos y entregar un cheque en blanco para que hagan lo que quieren desconociendo la separación de poderes; pero, más grave aún es que sea el presidente del Senado quien desconozca la labor de control político que tiene el congreso frente al ejecutivo.
Frente a la discusión sobre las listas cerradas y el voto preferente, las distintas fórmulas tienen pros y contras, pero de nada sirve que se escoja una u otra si la mayoría de los partidos continúan siendo organizaciones delincuenciales en busca de puestos y contratos. ¿De qué sirven las reformas que van a realizar si los directivos de los partidos continúan invitando al baile a quienes se han robado nuestros impuestos?
Bien lo dijo Silvia Otero en su columna de Vanguardia: “Esto apunta a que las reformas políticas no producen resultados mágicos. La lista abierta y la lista cerrada tienen ventajas y desventajas. Es posible que las campañas bajo sistemas de lista cerrada sean menos costosas, pero los candidatos individuales seguirán necesitando recursos para enviar señales al partido de que son viables electoralmente para así ser incluidos en la lista cerrada”.
Lo cierto es que ni la lista cerrada ni la de voto preferente han evitado la entrada al Congreso de personajes nefastos como Didier Lobo, sancionado por irregularidades en contratos de la niñez (voto preferente), Roy Barreras (lista cerrada), Piedad Córdoba (lista cerrada), Johny Besaile (voto preferente) o el chocoano Jhoany Palacios Mosquera el congresista que más investigaciones tiene en la Procuraduría (voto preferente).
Cualquiera que sea la decisión, seguiremos en las manos de las directivas de los partidos, a quienes poco o nada les importa esta situación, con tal de ganar las elecciones, puestos y contratos.
@cristinaplazasm
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