Viajo con mucha frecuencia. Dentro de Colombia dos o tres veces a la semana. Fuera, un par de veces al mes. Eso me ha permitido ver alguna mejoría en la lamentable situación vial nuestra. Estamos lejísimos de Europa, lejos de México, y casi como Ecuador.
Esas mejorías en las condiciones viales, túneles, viaductos, puentes son cada vez más frecuentes. Ahí vamos, lento, pero ahí vamos. Mucho de ese avance es por cuenta de las APP (Asociaciones Público Privadas): El particular le dice al Estado qué obra quiere hacer, el Estado evalúa, y da el visto bueno. Se fijan unas condiciones y la obra empieza. Mucho más fácil y eficiente que cuando el Estado era el proveedor de infraestructura.
¿Si se puede en infraestructura, por qué no en Justicia? Tanto la infraestructura de transporte, como el servicio público esencial de administración de justicia son plausibles de ser mejorados con la ayuda del privado.
El artículo 116 de la Constitución Política permite que la ley le otorgue facultades jurisdiccionales al particular. Así, por ejemplo, los particulares que se convierten en jueces en los tribunales de arbitramento, o las Superintendencias cuando hacen uso de las facultades propias de un juez, y dictan sentencias. Ahí hay dos ejemplos que sí han servido, y mucho. Así, creo que es pertinente que se explore a fondo la posibilidad de que el Estado empiece a recibir, en serio, la ayuda del privado en la administración de justicia.
Se me ocurren algunas cosas:
Construcción de infraestructura para el funcionamiento de los juzgados y Fiscalías. Da dolor de Patria ir a las juzgados de algunas ciudades, capitales incluso, y ver que una cárcel en EE. UU. o en Europa, tiene mejores instalaciones. Ni qué decir de los juzgados en un pueblo.
Abandonar el paradigma de la Justicia como un servicio público gratuito. Sé que me caerán rayos y centellas, pero la Justicia no puede seguir siendo gratuita. Ya se ensayó hace algunos años, con un impuesto que se debía pagar antes de presentar una demanda. La Corte Constitucional tumbó ese experimento. Pero creo que se debe volver a intentar. Así como muchos servicios púbicos no son gratuitos, pero sí son subvencionados, la Justicia puede tomar ese camino. Se puede cobrar unas sumas, bajas, por algunos procesos puntuales. Hay que ser ingeniosos y cautelosos, para que el pago no se vuelva una barrera contra el acceso.
Árbitros para otras ramas del derecho, distintas al comercial. En la actualidad los tribunales de arbitramento solo se usan para temas comerciales, mercantiles, y administrativos. Eso puede cambiar. Se debe permitir que los arbitramentos sean en otras materias, tales como derecho laboral, tributario, penal, y familiar. Se puede limitar, como por ejemplo que solo puedan conocer los delitos menores, o las cuantías muy bajas.
Algo así, pero se puede hacer.
