Este 20 de julio se instala el nuevo Congreso y el 7 de agosto toma posesión el presidente de la República Gustavo Petro, quien ha venido conformando su equipo de gobierno. Dos de las ramas del poder público, que tienen al frente numerosos desafíos, en especial los referentes a reformas constitucionales y legislativas que han venido siendo anunciadas.

El país que reciben no es el más tranquilo, ni el más próspero. La reiterada ruptura del orden público, la violencia y el terrorismo, las masacres, los crímenes contra líderes sociales, desmovilizados y defensores de derechos humanos -particularmente en algunas zonas- se han incrementado de modo alarmante durante el actual período. La inseguridad en varias ciudades se ha incrementado y hasta se ha salido de control; no solamente por la actividad de atracadores que matan a sus víctimas, sino por el sicariato, que también ha resurgido.

La corrupción existente a todo nivel es verdaderamente impresionante, y la impunidad es general, por causa de la inacción y paquidermia de los órganos estatales competentes. Si no fuera por investigaciones adelantadas por los periodistas, la ciudadanía no habría tenido conocimiento sobre casos verdaderamente graves y vergonzosos, en que políticos y altos funcionarios han dispuesto ilícitamente de recursos como, por ejemplo -para citar apenas dos-, los destinados a la conectividad (al menos setenta mil millones de pesos) y a la implementación y desarrollo del Acuerdo de Paz (se habla de más de quinientos mil millones de pesos).

Como lo hemos dicho, pese a las cifras que presenta el gobierno saliente, la realidad palpable y vigente es otra: el panorama de la desigualdad y la injusticia social es de grandes proporciones. Miles de familias colombianas padecen hambre y carecen de lo más elemental en materia de salud, trabajo, educación, vivienda, agua potable, y otras han sido amenazadas y desplazadas de su territorio por la actividad de organizaciones delictivas. La pandemia no ha terminado, son muchas las pequeñas y medianas empresas que quebraron y no se han podido restablecer y, si bien el Gobierno dice que han sido recuperados todos los empleos, lo que pasa en verdad es bien diferente.  

El hacinamiento carcelario y las condiciones inhumanas en que se encuentran los reclusos en varias prisiones ha dado lugar a tragedias tan graves como la registrada en Bogotá en 2020, o a la muy reciente ocurrida en la cárcel de Tuluá. Desde 1998, la Corte Constitucional declaró el estado de cosas inconstitucional por ese motivo; nada se ha hecho desde entonces con miras a la solución, no construyen nuevas cárceles, no se distingue entre condenados y detenidos preventivamente, los procesos son interminables, la crisis se agrava, y no se ve próxima la solución. 

Hay muchos otros motivos de preocupación para quienes se posesionan, en especial para el nuevo presidente de la República, de quien se espera mucho, y, sin perjuicio de la crítica que pueda merecer si se equivoca, hay que darle tiempo para que empiece a gobernar. Debe ser respaldado en los aludidos frentes, que afectan el interés general. 

En cuanto a reformas, nos pronunciaremos cuando se conozcan los proyectos.