Una concepción equivocada de algún sector, especialmente de movimientos estudiantiles y personas que realizan actividades económicas ilegales, es ver a los miembros de la Fuerza Pública como enemigos del pueblo, como agentes transgresores de los derechos fundamentales.

La Constitución Política establece como fin primordial de la Policía “el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz”. Su tarea es proteger la vida, por eso ni se entienden ni se pueden aceptar los ataques a la integridad de los uniformados.

Las agresiones a la Fuerza Pública cada vez son más frecuentes. El episodio reprochable de patrulleros que ardían en llamas en Bogotá, porque jóvenes que participaban en una marcha lanzaron una bomba incendiaria en las instalaciones de RCN Radio, no es el único hecho violento contra los cuerpos de seguridad. Un caso similar ocurrió la semana pasada en Maicao, donde contrabandistas de combustible prendieron fuego a un bus resultando con heridas graves dos uniformados.

Es inadmisible que universitarios que participan de las marchas estudiantiles obren de igual manera que los ilegales en La Guajira, pretendiendo quemar vivos a policías, pero en uno y otro caso son ciudadanos protegidos por los uniformados que en medio de las protestas se comportan como delincuentes.

A estos actos se han sumado ataques con explosivos y armas de fuego con saldos trágicos como el ocurrido en octubre en el departamento del Cesar, que dejó dos patrulleros muertos; otro más murió en Tunja, Boyacá, en medio de un atentado al parqueadero de la institución donde fueron incinerados cinco vehículos. En casos de intolerancia han sido agredidos uniformados que tratan de controlar el tráfico, de inmovilizar vehículos por inspecciones de alcoholemia o que intervienen en riñas callejeras.

Muchos de estos hechos son judicializados como agresión a servidor público y daño en bien ajeno, cuando algunos constituyen un homicidio en grado de tentativa, por la clara intención de hacer daño y el uso de elementos explosivos o incendiarios que son idóneos para quitarle la vida a una persona. 

Lo preocupante es que crecen los agravios a las autoridades. No se obedecen las normas pensando que no habrá sanciones, por eso son necesarias penas ejemplarizantes.

No se puede consentir que el derecho legítimo a la marcha social, al trabajo o cualquier otra circunstancia, permita excesos contra la Policía. Las lesiones y atropellos a la Fuerza Pública no son una consecuencia menor de los reclamos de manifestantes. Es grave que se permitan conductas violentas hacia las autoridades y que se generalice la desobediencia a las normas de convivencia. Una sociedad tolerante con esos actos corre el riesgo de tocar las puertas de la anarquía. 

Si la excusa es que miembros de los organismos de seguridad abusan del poder o tienen vínculos con la delincuencia, se debe denunciar cualquier irregularidad. No son aceptables los atentados contra la Policía, un Estado de derecho debe rodear a sus instituciones, mucho más a quienes ponen en riesgo sus vidas para la protección del ciudadano.