El diario La Prensa de Managua, Nicaragua, abrió su edición de ayer con el aviso: 386 días han pasado desde el arresto de nuestro gerente Juan Lorenzo Holmann y la toma de las instalaciones. Nuestra redacción está hoy en el exilio. ¿Vas a permitir que la dictadura se salga con la suya?
Por su parte la Sociedad Interamericana de Prensa SIP se pronunció sobre este asunto a través de su presidente Jorge Canahuati: a un año del “robo de las instalaciones del diario” y del encarcelamiento de Holmann, vicepresidente regional de la SIP en Nicaragua. “Seguimos denunciando alto y fuerte el clima de represión, impunidad e injusticia de un régimen que es uno de los grandes verdugos de la libre expresión en las Américas”
Con relación a los casos de la persecución a miembros de la iglesia católica, de lo cual hemos tenido noticias segmentarias, La Prensa relata la condena a 50 años de cárcel impuesta al obispo Leonardo Urbina, luego agrega: En julio pasado, se concretó el primer caso de un sacerdote condenado sin seguir el debido proceso. El padre Manuel Salvador Martínez, condenado a casi 5 años de cárcel, por supuestamente haber amenazado a un grupo de civiles, lesiones físicas y psicológicas a una mujer. En agosto se ejecutaron dos detenciones más, el párroco Oscar Danilo Benavidez, del municipio Mulukukú y el obispo de la diócesis de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez, acusado de “estar intentando organizar grupos violentos”
La organización Human Rights Watch en su informe mundial 2022 aporta los siguientes datos sobre el sistema de gobierno de Nicaragua “Desde que asumió el cargo en 2007, el gobierno del presidente Daniel Ortega ha desmantelado casi todos los controles institucionales sobre el poder presidencial. Para allanar el camino para su reelección, las autoridades arrestaron arbitrariamente y enjuiciaron a críticos del gobierno y opositores políticos, incluidos candidatos presidenciales, periodistas, abogados y líderes de grupos comunitarios, empresariales y estudiantiles. Los abusos policiales cometidos durante la brutal represión de la Policía Nacional y grupos armados progubernamentales en 2018 han quedado impunes.
Con relación a la actual pandemia también se pronunció la misma organización: La negación, la inacción y la opacidad han caracterizado la respuesta del gobierno a la pandemia de Covid-19. A partir de octubre de 2021, poco más del 8 por ciento de la población estaba completamente vacunada. También ha perseguido al personal de la salud. Durante la represión de 2018, al menos 405 médicos, enfermeras y otros trabajadores de la salud fueron despedidos de hospitales públicos, aparentemente por brindar atención a los manifestantes o criticar al gobierno. Y siguen más denuncias sobre ataques a defensores de los derechos humanos y medios independientes, represión a los manifestantes, violación a los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y niñas.
Ese, groso modo es el gobierno al cual en una sesión del Consejo permanente de la OEA se votó una resolución condenatoria por las agresiones del régimen, allí la delegación colombiana estuvo ausente por mandato de Álvaro Leiva Durán, según quedó demostrado primero en un informe del periodista Camilo Merlano del canal Caracol y luego en el comunicado del mismo funcionario. “La ventana de oportunidad para una acción humanitaria de envergadura en Nicaragua coincidió con la votación de ese día” Así lo explica el canciller.
Cabe preguntar ¿Cuál era el afán de nombrar a León Freddy Muñoz embajador en ese país? ¿Cuál es el beneficio de ser nuevos buenos amigos de un gobierno con las características dictatoriales de Ortega? ¿Hacia dónde vamos?
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