Como una medida cautelar de oficio frente a un fallo de tutela que emitió la misma corporación en octubre del año pasado, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó aplazar las manifestaciones que están previstas para este miércoles 28 de abril en varias ciudades del país.

Según el tribunal, por el estado en que se encuentra la pandemia de la COVID-19 no es posible llevar a cabo las marchas convocadas, mientras se define un protocolo de bioseguridad para ellas o se alcanza la inmunidad de rebaño que garantice la no propagación de la enfermedad entre los manifestantes.

En ese sentido, el fallo judicial le ordena al presidente de la República Iván Duque, al ministro de Salud, Fernando Ruiz, y a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, entre otros, que notifiquen a los ciudadanos de la decisión a través de los medios de comunicación.

La decisión, de 45 páginas, es una medida cautelar decretada de oficio con base en un fallo de tutela que se dictó en octubre del año pasado y que le ordenaba al Gobierno elaborar unos protocolos que le permitieran a los ciudadanos ejercer el derecho a la protesta pacífica.

La magistrada Yolanda Villamizar señaló que "no se puede establecer que para la manifestación de mañana 28 de abril no solo las autoridades accionadas sino también los propios sindicatos que agrupan a las diferentes personas se tengan identificados sus condiciones de salud, menos aún se prueba que se tengan previamente reglamentados unos Protocolos de bioseguridad tal y como el Ministerio de Salud, así los ha diseñado para el ejercicio de las actividades económicas, de educación, de obras públicas etc."

Villamizar manifestó que la medida cautelar provisional no constituye una limitación al derecho a la manifestación pacífica, sino que busca proteger la vida e impedir la expansión de la pandemia generada por la COVID-19.

"Es una verdad que brilla al ojo que el derecho a manifestarse en las vías públicas para hacerse oír de las autoridades investidas para proteger a las personas con necesidades básicas insatisfechas y ante los justos reclamos de las diferentes clases sociales discriminadas, en estos momentos de grave crisis económica y hospitalaria, lejos de alcanzar de manera inmediata tales propósitos de impartición de una justicia social equitativa, lo que provocará es la muerte de muchas personas de las familias y demás del grupo social con los que los manifestantes comparten y trabajan", señaló.