La Corte Constitucional, con ponencia de la magistrada Cristina Pardo, tumbó el Plan de Manejo Ambiental que expidió la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla) para el Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante aspersión aérea con glifosato.

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La decisión del alto tribunal se dio tras estudiar un cúmulo de tutelas que presentó varias organizaciones que aseguraban que la Agencia vulneró su derecho a la participación al expedir la resolución que reglamentaba la erradicación en el marco de una audiencia virtual y, además, que hizo falta la intervención de las comunidades dado que muchas no contaban con acceso a Internet.

Esta determinación le cierra la puerta a este Gobierno de volver a fumigar con glifosato, pues por orden del alto Tribunal se deberá hacer una consulta previa a las comunidades étnicas que se afectan con esta operación.

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La Consulta, que se deberá realizar en un plazo máximo de un año y con posibilidad de prórroga por seis meses, deberá abarcar 104 Municipios y 14 Departamentos. Las comunidades deberán ser consultadas de manera presencial.

¿Qué viene ahora?

El Gobierno nacional señaló que respetará la decisión del alto tribunal, sin embargo, prepara una respuesta. Así lo confirmó este jueves el ministro de Ambiente, Carlos Eduardo Correa, quien sostuvo que por ahora el equipo jurídico del Gobierno está analizando la decisión.

“El fallo de la Corte obedece básicamente a un tema de proceso de consultas previas y en este momento están todos los equipos revisando el fallo para poder expedir algún concepto”, afirmó el Ministro de Ambiente, quien agregó que la respuesta estará encabezada por la Anla.

No obstante, el presidente Iván Duque aunque aseguró que se acatará la orden de la Corte, cuestionó que Colombia se esté quedando sin herramientas para atacar las estructuras criminales que están detrás del narcotráfico.

“Claramente nosotros tenemos que acatar el fallo y lo haremos, pero yo sí quiero dejar planteado que no podemos limitar las herramientas que el país requiere para enfrentar esta situación. Llevamos prácticamente tres años a acoplándonos a las directrices de la Corte Constitucional y de hecho los procesos de licenciamiento se estaban trabajando de conformidad con los protocolos”, aseguró el mandatario.

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Sin embargo, diferentes organizaciones han celebrado la decisión y han asegurado que al Gobierno no le queda más que aceptar la disposición de la Corte y cumplir con lo estipulado en el fallo.

El Colectivo de Abogados José Alvelar Restrepo aseguró que la medida desconocía la existencia y afectación de los pueblos étnicos presentes en municipios donde se llevarían a cabo las aspersiones y su derecho a participar en las decisiones que les afectan, derecho reconocido constitucionalmente y en tratados internacionales de derechos humanos.

“La obligación del Estado es adaptarse a la realidad material de la población en zonas rurales (…) la Anla debió valorar las advertencias que múltiples organizaciones civiles le elevamos junto con organismos de control para que suspendiera el proceso, hasta que el ejercicio del derecho a la participación pudiera ejercerse de manera presencial, amplia, deliberada y eficaz”, indicó el colectivo de abogados.

Además, señaló que urge que el Gobierno cumpla con el punto 4 del Acuerdo Final de paz y priorice la sustitución concertada de cultivos de uso ilícito, como fórmula y camino certero para abordar bajo un nuevo enfoque el problema del narcotráfico.

¿Es el fin de la fumigación con glifosato?

Gabriel Tobón, profesor investigador de la Universidad Javeriana, asegura que, con el tiempo establecido por la Corte para las consultas, no es posible que este Gobierno piense en la erradicación de esta forma.

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Dice además que el retorno a este tipo de fumigación, tendrá que ver con la agenda política y el resultado de las elecciones que se aproximan este año, “Yo pensaría que el futuro inmediato es que, de ganar la izquierda, o los candidatos de la coalición de centro, posiblemente la fumigación no iría más en ese periodo. Caso contrario pasaría si gana la derecha, que es quien se oponen a la decisión de la Corte”, dijo.

Y agrega que esta agenda, tendrá que ver además con la posición que tomó el Gobierno de los Estados Unidos, de privilegiar el tema del desarrollo rural y la sustitución por encima de la fumigación con glifosato.

Tobón comparte la decisión de la Corte y asegura que se debe reactivar el Plan Nacional de Sustitución de Cultivos, “que fue abandonado completamente por este Gobierno y está más acorde con la situación y los intereses de las comunidades cocaleras, lo que podría ser una mejor solución”.

César Restrepo, experto en seguridad, va más allá y asegura que es importante que en la discusión del glifosato también pondere la violencia que hay en los territorios, pues a su juicio, hay que implementar una política que deje de ayudar a las rentas criminales y garantizar que en las consultas a la comunidad, pondere la libertad de las personas y se les proteja para que los grupos criminales no estén detrás de esas las decisiones que les corresponden a las comunidades.

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