La mala hora del presidente de la República, Gustavo Petro, a solo siete meses de haber subido al poder, tiene a su gobierno, a varios de sus alfiles y a su familia bajo sospecha, con una tormenta de la que no se sabe cómo se librará la Casa de Nariño y a la Fiscalía General de la Nación enfilando sus baterías para investigar una serie de hechos que involucrarían clientelismo, corrupción y dineros “calientes”.

Ante esto, un interrogante salta a la vista: ¿qué va a pasar con los funcionarios del Ejecutivo y personas que resultaron salpicadas en las conversaciones que Day Vásquez reveló de Nicolás Petro y sus andanzas en la campaña presidencial y en la presidencia de su padre?

De hecho, el cataclismo que generó este escándalo salpicó no solo al diputado por Atlántico, sino a varios funcionarios de su Gobierno y aliados políticos del Pacto Histórico en ese departamento.

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De esta manera, aspectos como el dinero en maletines, el secretismo, las cuotas burocráticas y el afán por comprar una casa en Barranquilla son los elementos en los que, hasta ahora, gira el caso de Nicolás Petro, quien este domingo expresó su disposición a atender los llamados que le hagan los órganos de justicia e investigación por estas revelaciones.

Al respecto, el abogado penalista Gildardo Acosta explica que los nombres que salieron a relucir en estos chats, y que hayan podido incurrir en algún delito, tienen distintos jueces e instancias para ser investigados y juzgados.

En ese sentido, la Fiscalía, a quien Gustavo Petro pidió investigar a su hijo, tiene la competencia para hacerlo con él y con los demás ciudadanos mencionados, menos con los que son funcionarios del Estado, como el ministro del Interior, Alfonso Prada (nombrado en los chats porque supuestamente le dio 10 cupos en esa entidad a Nicolás), y a Mauricio Lizcano (con quien se habría reunido en búsqueda de favores políticos), a quienes los investigaría la Corte Suprema de Justicia.

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Entre tanto, Petro Burgos dijo en un comunicado de prensa que compartió en su cuenta de Twitter que “los dineros en cuestión no tienen procedencia ni de la mafia, ni de la corrupción, ni de ninguna actividad ilícita. Eso lo corroboraré ante la justicia, como corresponde”.

En ese sentido, la Fiscalía, en el marco de sus funciones de investigación, tendrá que revisar, analizar y encausar en una futura indagación las 1.600 páginas de conversaciones entre Vásquez y Petro Burgos, que ella entregó e hizo públicas, para probar si el diputado por el departamento del Atlántico cometió algún delito al recibir, presuntamente, dineros de exnarcotraficantes para la campaña de su papá en 2022 y darle un uso completamente distinto: invertir en una lujosa casa en Barranquilla, donde vive el hijo del primer matrimonio del presidente de la República.

Así las cosas, de acuerdo con lo que Day Vásquez puso en frente del ventilador que prendió con la máxima potencia, en un eventual llamado de la justicia tendrían que acudir a dar explicaciones una serie de personajes que tienen, en distintos grados, un hilo que los conecta a la familia Petro.

En esta lista, entran el exnarco Samuel Lopesierra, alias “El Hombre Marlboro”, y el empresario y contratista Alfonso del Cristo Hilsaca Eljaude, alias el “Turco Hilsaca”. A estos dos hombres, según lo revelado por la exesposa del mayor de los Petro, el diputado les habría recibido $1.000 millones en efectivo: $600 millones a Lopesierra Gutiérrez y $400 millones de “El Turco”.

Por otro lado, el de la institucionalidad, entraron también el ministro del Interior y portavoz del Gobierno, Alfonso Prada; el director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Mauricio Lizcano; Hildebrando Vélez, padre de la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, y hasta la Monómeros Colombo Venezolanos SA.

Así mismo, en la lista de implicados en este escándalo están familiares, amigos y aliados políticos. Se trata de Germán Londoño, amigo personal de Nicolás Petro y quien le manejaría a él los dineros que le llegaban; Camilo Burgos, primo del diputado y quien sería el enlace entre el diputado y Lopesierra y “El Turco”; así como Máximo José Noriega Rodríguez, un político de carrera que ha militado en el Polo Democrático, en la Colombia Humana y en el Pacto Histórico, desde donde hace carrera para llegar a la Gobernación de Atlántico.

Noriega, de acuerdo con el relato de Day Vásquez, era el responsable de ser el mediador y facilitador de las transacciones de dinero. “Todo se hizo a través de Máximo. La plata que entregaban a él”, expresó en entrevista a Semana.

Así lo demuestra el documento que reseña todas las contribuciones, donaciones y créditos, en dinero o especie, que hicieron los particulares a la campaña del hijo del presidente y que presentó ante el Consejo Nacional Electoral. Allí hay dos aportes que le hizo: uno por $23’752.999 y otro por $11’305.000, que quedaron señalados como contribuciones y suman $35’057.999.

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Aunque la donación por sí sola no demuestra alguna ilegalidad, sí podrían demostrar que el vínculo entre el diputado Nicolás Petro y el precandidato Máximo Noriega se traduce en apoyos económicos y políticos.

En medio de este primer gran escándalo que tiene que enfrentar el presidente Petro, Nicolás ha insistido en que todos estos señalamientos se tratan de un ataque con motivaciones políticas que tienen como finalidad destruirle su carrera y a él como persona. Con todo y eso, el diputado Petro deberá ratificar estas palabras ejerciendo su derecho a la defensa y al debido proceso en los casos que se gestan en su contra en la Procuraduría General y la Fiscalía.

Otros dos abogados penalistas su punto de vista sobre las repercusiones que tendrá esto ante la justicia. Ambos coincidieron en que es una situación en la que la responsabilidad judicial recaería solo en él, señalaron que pueden haber varias conductas punibles en los hechos que expuso Day Vásquez.

Francisco Bernate aseveró que considera que lo más relevante, a su juicio, es “el nivel de vida (que llevaba), que no es acorde con los ingresos que tiene un diputado”. Recordó que los servidores público –como él– “deben entregar una declaración de bienes y renta cuando se posesionan, y con el salario que tiene hoy en día (30 salarios mínimos por tratarse de un departamento de categoría especial), sus gastos no se compadecen con esos ingresos”.

Además, agregó que cuando un funcionario tiene ingresos que no puede justificar se llama enriquecimiento ilícito hasta que muestre de dónde salió la plata. Este delito contempla una pena de prisión de entre 9 y 15 años “que no admite ningún beneficio penal porque es un delito deliberado contra la administración pública”, agregó.

Por otra parte, otro prestigioso penalista que prefirió no ser citado calificó la situación como “muy grave” para el primogénito del presidente, de quien expresó puede caerle una investigación por lavado de activos por ocultar dinero con compra de bienes, así como el delito de concierto para delinquir y no declarar la financiación de campañas electorales”.

Repercusiones políticas

Todas estas revelaciones y señalamientos ya produjeron, según dio a conocer el propio Petro Burgos, un primer impacto en las elecciones regionales de este año –que se llevarán a cabo en octubre–, al menos en Atlántico.

En el mismo comunicado de prensa que compartió en Twitter, el dirigente de la Colombia Humana en ese departamento expresó que “he decidido abstenerme de participar de cualquier tipo de actividad política relacionada con la contienda electoral venidera”; así como anunció su retiro de “los procesos de la Colombia Humana, el Pacto Histórico y la campaña de Máximo Noriega a la Gobernación, hasta ratificar mi inocencia”.

Al final, el ahora cuestionado político aseveró que ha “recibido un linchamiento social y mediático sin precedentes” en el que “personas que consideré amigos y amigas, (a) quienes tendí la mano, me han dado la espalda”. ¿A quién haría referencia y por qué?

Dice el refrán que después de la tormenta llega la calma, pero en este caso lo que debe llegar la acción rápida de la justicia para determinar si hay condenados o absueltos, o los dos.

Estos son los empantanados en las denuncias en contra de Nicolás Petro Burgos: exnarcos, políticos y empresarios

Nicolás Petro Burgos

El diputado es el protagonista del escándalo. Las pruebas lo señalan de buscar puestos burocráticos en el Ministerio del Interior y de recibir 1.000 millones de pesos por parte de Samuel Lopesierra y Alfonso Hilsaca, y los habría desviado de la campaña presidencial de su padre para comprar una lujosa casa.

Samuel Lopesierra (El Hombre Marlboro)

Luego de cumplir una condena de 19 años en prisión en Estados Unidos por narcotráfico (acusado de enviar marihuana y cocaína a ese país), los chats entre Vásquez y Petro lo involucran en, presuntamente, haber entregado $600 millones a Nicolás Petro para financiar la campaña presidencial de Gustavo Petro.

Alfonso del Cristo Hilsaca Eljadue

Es un empresario de Mompox (Bolívar) dedicado a contratar con el Estado, pero ha estado involucrado en procesos por homicidio, corrupción y concierto para delinquir, de los cuales ha salido absuelto. Aparece en el ventilador de Day Vásquez como el responsable de entregarle 400 millones de pesos a Nicolás Petro.

Alfonso Prada

El otrora director del Sena y hoy ministro del Interior se habría reunido con Nicolás Petro para entregarle 10 cupos de representación burocrática. Cinco se entregaron inmediatamente. “Me va a enviar 5, tengo 3 de Ciénaga, el de mi mamá que es el marido de mi prima Sibila y el tuyo que sería Laura”, decía el diputado en un chat.

Mauricio Lizcano

Fue congresista, presidente del Senado (2016-2017) y Petro lo nombró Director del Departamento Administrativo de la Presidencia. Según Day Vásquez, Lizcano fue uno de los miembros del Gobierno nacional con los que se reunió Petro Burgos en búsqueda de contratos y favores en Presidencia o algún ministerio.

Hildebrando Vélez

Es el padre de la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez. La exesposa de Petro Burgos lo pone en el grupo de personas con los que se habría reunido el hijo del presidente en su apartamento en Bogotá para pedirle ese tipo de favores burocráticos. “El señor fue al apartamento. Hubo muchos”, contó Vásquez.

Monómeros

La empresa de petroquímicos también salió a relucir en las conversaciones por un posible interés que tenía el diputado en la posible compra de esta por parte del Gobierno. “Esto es para una vaina grande que vamos a manejar. O si no averigua qué es Monómeros”, le dijo Nicolás vía WhatsApp a su exesposa.

Germán Londoño

Según Vásquez, es uno de los que “maneja toda la plata que le entra a Nicolás” y que lo notó después de ver una conversación entre él y su exesposo por Telegram. Además, tiene vínculos directos con el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, con quien salió en una foto felicitándolo por la personería jurídica a Independientes.

Camilo Burgos

Es primo materno de Nicolás Petro y Day Vásquez, lo describe como la persona clave en la polémica que se suscitó por la entrega, en agosto de 2022, de una camioneta Chevrolet Tahoe blindada, avaluada en $400 millones. Así mismo, lo señaló de ser “el que tenía el contacto con esta gente (los que entregaban plata)”.

Máximo Noriega

La exesposa de Petro Burgos aseguró que la entrega de los $1.000 millones provenientes de Lopesierra e Hilsaca se hizo por medio de él. “Todo se hizo a través de Máximo”, dice. Es cercano al diputado y es precandidato a la Gobernación del Atlántico por el Pacto Histórico. Además, financió su campaña en 2019.

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