De acuerdo al informe, en el 2022 se verificaron 116 homicidios de personas defensoras de derechos humanos en los territorios (107 hombres y 9 mujeres) de las cuales 23 víctimas fueron indígenas, 14 afrodescendientes y 52 campesinos.

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Frente a estas cifras la representante en Colombia del alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Yuliette de Rivero, recalcó que un 45% de estos casos correspondieron a víctimas integrantes de las juntas de acción comunal.

Por otro lado, el informe arrojó un aumento de las masacres respecto al 2021, año en el que habrían muerto 78 personas. En 2022 se confirmaron 92 masacres.

Según la oficina de coordinación de asuntos humanitarios (OCHA), el año pasado más de 82 mil personas fueron desplazadas (82.862) y más de 102 mil personas fueron víctimas de confinamiento (102.395).

En cuanto a los asesinatos de ex combatientes de las FARC-EP, las muertes de miembros de la Fuerza Pública y el reclutamiento infantil, el informe también dejó ver cifras en aumento, lo que se torna preocupante en medio de un proceso de paz y un cese al fuego, tal y como lo expresó De Rivero. "Nos preocupa la violencia que hemos visto y estamos dando seguimiento detallado... Son los grupos estatales y las organizaciones criminales quienes están generando tanta violencia en los territorios y vulnerando el derecho a la vida".

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De acuerdo al informe, desde la firma del acuerdo de paz en 2016, el número total de homicidios de excombatientes de las antiguas Farc se elevó a 335, 50 de ellos presentados en el 2022, año en el que también se registraron 103 homicidios a miembros de la Fuerza pública.

Dentro de las recomendaciones dadas por la ONU se encuentra la de avanzar en las investigación de las violaciones a los derechos humanos registrados en las protestas, incluidos homicidios, afectaciones oculares y violación de derechos de género. La oficina documento 110 casos de personas detenidas y privadas de la libertad en relación con las protestas del Paro Nacional en 2021.

A la presentación del informe se sumó la intervención de la defensora de Derechos Humanos, Aura Rodríguez quien insistió en que se dé una mirada integral de los derechos y se tome en cuenta también la progresión de la pobreza y desigualdad en el país.

El asesor del Ministerio de Defensa Manuel Vargas aseguró que se está trabajando en el fortalecimiento del sector defensa en Derechos Humanos desde una política pública y que hay una necesidad de política de derechos humanos, en la revisión de la doctrina militar y policías desde la educación y de una implementación de estrategia de seguimiento a denuncias de violencia de género y violencia sexual.

Desde la comisión internacional representada por el embajador de Reino Unido, George Hodgson, se reiteró la preocupación por la violencia ejercida por los grupos ilegales y organizaciones criminales y por la continuidad de extorsiones, intimidaciones, amenazas, desapariciones y asesinatos que afectan particularmente a comunidades indígenas campesinos y afrodescendientes.

"El corazón del problema de violación de DD HH es el conflicto en el país", agregó. Sin embargo, destacó algunos avances importantes en la justicia transicional y en la violencia social.

La conclusión y el llamado desde las Naciones Unidas es a no normalizar la violencia, que en el caso específico de Colombia se da en medio de una disputa territorial y de poder.

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