El debate por muerte de menores de edad tras una operación militar abre un nuevo capítulo en la historia del conflicto colombiano. Esta vez por la revelación de que en el campamento de alias ‘Fabián’, jefe del frente occidental del Eln, blanco de una operación en septiembre pasado, cayeron cuatro adolescentes.

El libreto es calcado al expuesto en episodios anteriores: mientras algunos sectores consideran los hechos como un ocultamiento, otros defienden la operación al considerarla legal.

El operativo se desarrolló el pasado 17 de septiembre en el litoral de San Juan, Chocó, y el resultado fue dado a conocer por el presidente Iván Duque quien calificó la operación como un golpe fuerte y contundente a la estructura del Eln, ya que ‘Fabián’ “era, a todas luces, el cabecilla más importante de esta guerrilla en territorio colombiano”.

Pero el jefe guerrillero no murió en medio del operativo, sino que fue capturado gravemente herido y conducido a un centro médico de Cali donde posteriormente falleció. En el despliegue de tropas también murieron alias ‘Carlitos’ y otras siete personas, las cuales, según el parte oficial del Gobierno su identificación estaba en manos de los forenses del Instituto de Medicina Legal.

Sin embargo, nadie se refirió a que entre esos cuerpos estaban los cuatro menores de edad. Hasta que este jueves el senador Iván Cepeda denunció el hecho.

“Pese a que esta situación fue confirmada por el Instituto Nacional de Medicina Legal, la sociedad colombiana solo la conoce tres semanas después, luego de que se contestó un derecho de petición a la entidad y en la respuesta este organismo informara de la existencia de cuerpos de menores de edad recibidos tras los hechos ocurridos el 16 de septiembre de 2021”, dijo Cepeda.
 

¿Ocultamiento?

El hecho de que el Gobierno no se refiriera a la muerte de los menores sino hasta que fue revelado por un senador fue tomado por algunos sectores como una clara muestra de ocultamiento. Razón por la cual citaron a debate de Control Político al ministro de Defensa, Diego Molano. El Gobierno respondió calificando la operación de legal, pero no explicó porque no habló del tema con anterioridad.

A manera de explicación, Molano solo dijo que la operación es legítima y que la Fuerza Pública “siempre actuó con estricto apego a la ley. Aquí debería cuestionarse a quienes reclutan menores de edad para cometer actos criminales, a todos aquellos que tienen como práctica de ese frente reclutar menores para cometer actos ilegales, aquí se desarrolló una operación legítima”.

Por el lado de los analistas las opiniones también se encuentran divididas. John Mario González apuntó que el Gobierno no se refiere a la muerte de los menores “porque no son temas de los cuales no se puede vanagloriar, ni tampoco deben ser motivo para que la opinión pública vea un bombardeo a un bandido, así estén menores de edad, como acto delictivo o inhumano”.

Por su parte, la docente de la Universidad Javeriana, Yadira Alarcón, considera que los hechos en contra de los niños en el flagelo de la guerra no son otra cosa que una victimización por cuenta de los tratos crueles que estos experimentan.

“A los que llaman combatientes son, en realidad, niños que son víctimas del reclutamiento forzado, los cuales son llevados a sus campamentos no solamente para ser soldados, sino para ejecutar labores como cargar armas, mensajería, cocina o cualquier actividad. Estos niños también son reclutados para delitos sexuales e, incluso, para contraer matrimonios a la fuerza”, expresó la docente.