La agenda política del país se sacudió en el comienzo de la semana por la investigación periodística revelada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, ICIJ, el cual involucró a más de 600 periodistas de 117 países del mundo, quienes analizaron casi 12 millones de documentos en compañía de 14 despachos de abogados dedicados al estudio de sociedades ‘offshore’ del mundo.

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Las empresas ‘offshore’ son compañías o asociaciones que están ubicadas fuera de los límites territoriales y nacionales de las personas que la crearon o que las están administrando, lo que permite la evasión de impuestos o beneficios fiscales, más conocidos como paraísos fiscales.

Por parte de Colombia, la revisión la hizo un selecto grupo de periodistas del periódico El Espectador y Connectas. Aunque las actividades ‘offshore’ no son constituidas como un delito, esto les ha permitido a diversos personajes evitar el pago de los impuestos que les correspondería pagar por sus ingresos y otros aspectos que se evalúan.

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Entre las actividades que se pueden presentar en este tipo de acciones está el lavado de dinero o la evasión fiscal. 
Los ‘Pandora Papers’ revelaron que de Colombia hay 588 personas entre naturales y jurídicas involucradas en este tipo de acciones fuera del territorio, desde expresidentes, embajadores, ministros y actuales funcionarios públicos del Gobierno Nacional.
 

¿Quiénes son los personajes políticos involucrados?

La investigación arrojó que el expresidente de Colombia, Cesar Gaviria, es director de la sociedad panameña MC2 Internacional S.A., la cual es accionista de una empresa colombiana llamada MC2 S.A.S. EPS, que se dedica al transporte de gas y tiene negocios en el sector de hidrocarburos, esto en compañía de su hermano Luis Fernando Gaviria y el abogado Carlos Humberto Isaza.

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El también expresidente Andrés Pastrana está involucrado como beneficiario de la sociedad panameña Vanguard Investment Inc, la cual es accionista de la firma colombiana Salatina Puyana y Cía, propiedad de Pastrana. El nombre de la empresa colombiana fue accionista de la panameña y se mantuvo en el anonimato durante diez años, hasta 2016, que obligó a mostrar el nombre real de la firma dueña de las acciones.

Las empresas tenían el objetivo de hacer inversiones colombianas en el exterior, esto con el fin de convertir pesos en dólares para internacionalizar el patrimonio, actuaciones que, según Pastrana, están evidenciadas ante del Banco de la República.

La vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez junto a su esposo Álvaro Rincón y su hija María Alejandra Rincón, tuvieron participación en la sociedad Global Securities Management Corporation, que fue creada en Islas Vírgenes Británicas en 2005, esto en sociedad con la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, y el empresario y accionista condenado Gustavo Hernández Frieri, como dueño.

La familia Rincón Ramírez fue accionista de la empresa Stulb Investment Corporation, de la cual tenían unas acciones del 12 % que también llegó a ser comisionista de la Bolsa de Valores, cabe resaltar que la vicepresidenta confirmó que la empresa fue vendida en el año 2012, la ministra Orozco también reconoció su participación en la sociedad ‘offshore’.

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Otro personaje involucrado es el exministro de defensa y actual embajador de Colombia en Chile, Guillermo Botero, quien, según la investigación, aparece como director y beneficiario de la sociedad El Legado Inc, la cual fue registrada en Islas Vírgenes Británicas el 2 de marzo de 2010. Respecto a esto Botero expresó que la sociedad ya no está funcionando desde 2016, expresando así que siempre ha cumplido con los requisitos legales exigidos.

La exministra de educación Gina Parody, actualmente aparece como beneficiaria de la sociedad Harmony Trust, la cual fue registrada en Islas Vírgenes Británicas, quien también en Colombia está siendo investigada por suscribir un acuerdo Conpes que logró adiciones en el contrato Ruta del sol, sector dos.

El exministro de Relaciones Exteriores Fernando Araújo Perdomo apareció como director de la sociedad panameña Las Américas Golden Tower; el embajador de Colombia en China Luis Diego Monsalve está vinculado a tres sociedades creadas en Islas Vírgenes Británicas, Safegate Investments S.A, Unicoi Investments Limited y Managment Limited y Besalu Holdings. El embajador explicó que las sociedades son de patrimonio que han tenido como finalidad inversiones en el exterior.

El exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa, según la investigación, aparece como beneficiario de dos sociedades panameñas, que después de un tiempo se fusionaron: Limetree Investments S.A y Urban Vision & Stategy S.A., las cuales trabajaban por medio de consultorías de planeación urbana ya liquidadas.

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Según Peñalosa, las empresas que prestaban servicios de consultoría a nivel internacional fueron su actividad económica principal durante los últimos 20 años, destacando más eficiente, según él, en términos fiscales de una compañía que presta servicios fuera de Colombia.

Una de las investigaciones que más causó sorpresa es la de Lissandro Junco Riveira, actual director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Dian, quien según la investigación aparece cómo beneficiario en la sociedad Cyber Security System Company, constituida en Estados Unidos a quien también se le evidencian cobros. Actualmente la sociedad está cancelada por falta de pago de impuestos.

Junco aseguró que no conoce la sociedad ni las supuestas cuentas y demás aspectos con los que se le vincula, además señaló a la investigación como poco rigurosa, expresando así que hace algunos meses la Dian ya había realizado un estudio en el país respecto a este tema.

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Algunos de los millonarios del país investigados fueron Luis Carlos Sarmiento Angulo, Isaac, Jaime y Gabriel Gilinski, Alejandro Santo Domingo, Eduardo Pacheco Cortés, la familia Echavarría, Barberi, los Solarte, Araújo Perdomo y Carvajal.

Los diversos implicados han expresado, así mismo como lo hizo El presidente de la República, Iván Duque, expresó que tener cuentas en el exterior no es ilegal y que así mismo han declarado estas participaciones ante las entidades nacionales correspondientes y que regulan estas inversiones.

¿Tendrá incidencias políticas?

La situación ha estado tensa en medio de las revelaciones que pusieron a más de uno a evaluar lo revelado. Para el economista y magíster en política, Isidro Hernández, este tema seguirá generando incidencia en el aspecto periodístico ante la opinión pública, debido a las revelaciones que se seguirán dando, pero que considera no ejercerá un efecto práctico.

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“En la última reforma tributaria se aprobó una amnistía tributaria que le permitió a los evasores, que sí han evadido, que si tienen recursos en el exterior, si han sido en la práctica personas sin ninguna consideración, antes se les premia y se les va a cobrar a una tasa del 17 % de normalización tributaria para que sus capitales queden legalizados”, afirmó Hernández.

El analista explicó que esto implica que a quienes les haya molestado la noticia, finalmente legalizan sus capitales y no le pasará nada, situación que evidencia ser un tipo de premio a las personas que cometen actos ilegales en Colombia, asegurando que el mismo Gobierno con estas actitudes estaría demostrando que los evasores se ven más beneficiados, situación que genera indignación en la opinión pública y de quienes sí pagan cumplido sus impuestos.

Para el político y columnista John Mario González, lo que ocurra en las próximas semanas dependerá de los nuevos detalles que se revelen, además de las investigaciones de las empresas tributarias y de los medios de comunicación, en relación con el pago de impuestos y de cuentas, porque aunque estén reportadas, estas mismas pueden no haber pagado impuestos y haber defraudación fiscal.

“En el caso de Colombia la investigación se puede quedar ahí y no tener mayor consecuencia, hasta el momento lo único que parece es que podrá perder vuelo el escándalo, aunque también podrán haber luces de más detalles de las investigaciones”, expresó González.

Aunque tener cuentas bancarias en el exterior no es considerado como un delito, según el analista Hernández, el estatuto tributario contempla que los colombianos que hagan estas inversiones deben reportar en sus declaraciones cuáles son sus activos, ente otras cosas para evaluar si tienen derecho o no de pagar tributos.

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“Como la mayoría de estos recursos están en paraísos fiscales, pues ni pagaron allá, ni pagaron acá. Eso es una acto ilegal que la Dian debería haber investigado, quienes evadieron estos recursos deberán pagar la sanción, los intereses de mora, el respectivo impuesto”, expresó el analista.

El columnista González destacó que las consecuencias de esta investigación también podrían verse en las contradicciones que presenten los implicados en el caso, que hasta podría llegar a golpear ciertas campañas presidenciales. Esto en un comienzo genera sospecha ante la sociedad y por el bien de los implicados, ellos mismos de manera pronta deberán salir a satisfacer la curiosidad social.

“Más allá de ponerse a la defensiva, con el trascurso de la semana esto puede en algún momento afectarlos, un riesgo de autoridad moral. Este escándalo tiene un potencial dañoso, la gente evalúa este tipo de situación y miran con suspicacia los hechos ocurridos”, expresó González.

Finalmente, tanto Hernández cómo González coincidieron en expresar que esta situación claramente será aprovechada en la contienda electoral que ya empezó a tomar fuerza, la oposición, los detractores del Gobierno y a quienes les interese podrán utilizar estos casos para generar incidencia política y pública en el país.

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