Esta semana, presos de siete pabellones de la cárcel La Picota, en Bogotá, intentaron, sin éxito, realizar una huelga de hambre denunciando las malas condiciones en la alimentación del penitenciario y la falta de condiciones de higiene en la comida que reciben.

Según contó Rubén, un privado de la libertad a COLPRENSA, la protesta no prosperó luego de que altos mandos del Inpec llegaran hasta las instalaciones y negociaran con ellos para que cesaran la huelga de hambre.

“Sencillamente nos dio miedo seguir con la huelga, porque ‘las plumas blancas’ del Inpec y de la Cárcel llegaron acá a decirnos que al que siguiera con esa idea y no comiera, se lo llevaban a La Tramacúa (un Establecimiento Penitenciario ubicado en Valledupar), entonces la huelga no duró ni siquiera las 12 horas”, contó el interno a este medio.

Dicho intento de manifestación, se da luego de que en días pasados, desde el Ministerio de Justicia se denunciaron presuntos hechos de corrupción registrados en la contratación de alimentación de las personas privadas de la libertad, en las 132 cárceles del país.

El ministro de esa cartera, Wilson Ruiz, aseguró que recibió “denuncias sobre presuntos actos de corrupción en contratos para la alimentación de las personas privadas de la libertad, de acuerdo con esas denuncias, algunos contratistas de la Uspec, les estarían exigiendo dinero para la renovación de los contratos y con amenazas de declararles el incumplimiento o no pagarles oportunamente las cuentas que se les presenten, si no acceden a sus pretensiones”.

Tras esta denuncia, la Procuraduría General, la Contraloría y la Fiscalía ya se encuentran adelantando las respectivas investigaciones para determinar la veracidad de estos hechos y si se encuentran méritos, se apliquen las sanciones correspondientes.

En el marco de las investigaciones, según contó la Uspec, realizaron las medidas correspondientes para atender la denuncia, que según explicaron, se realizaron de carácter anónimo.

“El director General de la Uspec, Andrés Díaz Hernández, en acompañamiento de la Contraloría, a través del Delegado para el sector justicia, Sebastián Montoya, se reunió con los operadores que prestan el servicio de alimentación a la población privada de la libertad en todo el territorio nacional. Ellos rechazaron el escrito anónimo y manifestaron que desde la Uspec no han sentido ninguna presión en el ejercicio de su contrato”, aseguró la entidad.

En dicha reunión, según conoció este medio, los operadores que prestan el servicio de alimentación aprovecharon para emitir a la institución sus inconformidades por retrasos en el pago de los servicios, que completan en algunos casos más de un mes. Allí las autoridades realizaron compromisos para normalizar el pago a los operadores.

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¿Cuál es la calidad de la alimentación?

Rubén, un privado de la libertad que completa 14 años en La Picota, aseguró a COLPRENSA que las condiciones de la alimentación que les brindan a los reclusos de ese penal son, por decir lo menos, “pésimas” y que a pesar de que ellos han alertado de la situación a los entes de control que los visitan, la calidad sigue sin mejorar.

“Desde el martes nos avisaron que había huelga de hambre por esa situación y aunque no se llevó a cabo seguimos pidiendo lo mismo, que se mejore... Realmente la comida de nosotros es una porquería, lo que queríamos es que la arreglaran, que nos escuchen porque siempre nos dicen que en un mes van a poner a funcionar el rancho que hace falta, pero lleva más de un año así y las condiciones no mejoran”, dijo el recluso.

El interno se refiere a un rancho que no funciona hace más de un año en los edificios antiguos de esa penitenciario. “La comida la traen desde otro lado. No llegan los alimentos a tiempo, la alimentación es terrible. Uno se come eso por el hambre, porque no hay más, pero realmente el sistema de alimentación es pésimo y la situación precaria”, indicó.

El interno de mediana seguridad, padre de dos hijas de 21y 16 años, quien está próximo a completar su condena por homicidio, asegura que “nosotros sabemos que estamos acá porque cometimos un error, que tenemos que pagar por eso, pero los derechos no están presos y se deben garantizar. Es que las condiciones son infrahumanas, la comida llega pisada por ratas... Yo trabajé en el rancho y en ese momento el área de ensaladas estaban los nidos de ratas, los productos son asquerosos, no tiene nada de higiénico, no es humano que nos hagan comer eso y no es un tema nuevo, desde hace muchos años la comida es precaria y nadie hace nada”.

Por estos hechos, el Ministro de Justicia aseguró que es inaceptable que empresas contratistas que proveen alimentación en establecimientos carcelarios den comida en mal estado, con raciones incompletas y desbalanceadas.

De hecho, en un estudio presentado por el Inpec, revelan que para abril de este año, 86 % de los centros carcelarios reportaban incumplimiento en el gramaje de los alimentos. Además, el 81 % de los establecimientos presentaban problemas con la calidad de la materia prima de la comida.

“Es impresentable encontrar que los operadores entregan alimentos en descomposición o que hay reducción de las porciones de proteína, los sitios de preparación de la comida son inadecuados y no siguen los protocolos”, aseguró el ministro Wilson Ruiz.

La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), entidad encargada, entre otros temas, de la comida en las cárceles, conversó con COLPRENSA y explicó la situación.

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Las medidas 

La contratación de la alimentación en las cárceles del país, se realiza a través de la Bolsa Mercantil, allí se hace una subasta en donde se presentan los operadores que están interesados en prestar el servicio de alimentación en diferentes cárceles del país y, en conclusión, gana el operador que realice la oferta más barata para el Estado.

En total, son seis zonas, en donde 19 operadores prestan los servicios de alimentación. Allí se establece el valor del contrato a razón de la cantidad de PPL que tienen que alimentar, la ración y obligaciones como gramaje.

Según explicó Yanit Esther Mora Moscote, subdirectora de Suministro de Servicios de la Uspec, uno de los factores que están trabajando para mejorar, es que se cambiará ese proceso.

Desde finales de septiembre se espera que la contratación no se realice desde la Bolsa Mercantil, sino que directamente la licitación sea encabezada por la Uspec y sea esa entidad la encargada de adjudicar los nuevos contratos de alimentación para todas las cárceles del país.

“En principio ya no se tendría en cuenta el mejor precio del oferente, sino el menú y los compromisos con los PPL”, aseguró Mora.

La funcionaria aseguró que están llevando a cabo las labores para monitorear la problemática y mejorar las condiciones. “Tenemos un equipo técnico que apoya el proceso de seguimiento a cada uno de los establecimientos y de la operación. A partir del mes de abril se hizo un contrato con una interventoría que tiene aproximadamente 77 profesionales, que son los que hacen el seguimiento en todo el país en cada uno de los establecimientos”.

Agregó que “cuando se presentan este tipo de huelgas, nosotros hacemos presencia con el equipo técnico, realizamos la verificación y hablamos con los PPL. Allí hacemos seguimiento a la misma interventoría para verificar que esté haciendo lo establecido en el contrato y se hace un seguimiento no solo a la preparación de los alimentos, sino también al rancho para que cumpla con las especificaciones”.

La entidad explica que el rancho de La Picota está cerrado, porque la estructura tenía filtraciones de agua en la cubierta y dado que este penal tiene que alimentar a más de 7.000 PPL, están trabajando para poderlo abrir lo más pronto.

La Uspec advierte que el operador que está incumpliendo con los términos de la alimentación, es UT Alimentos Saludables y que por ese motivo están regulando la situación.

“El operador ha sido reincidente en las malas condiciones y por eso hemos tenido que reforzar el seguimiento con ellos. El operador insiste en que si no se les entrega el rancho ellos no van a poder entregar la materia en óptimas condiciones, pero eso es falso. La interventoría está haciendo presencia, se está haciendo el seguimiento y nosotros hemos hecho todas las observaciones pertinentes a este operador”, dijo Mota Moscote.  

Además del control, se realizó un refuerzo del personal de la interventoría, entre los que se encuentran técnicos de la Uspec, ingenieros de alimentos y demás expertos que están realizando la vigilancia.

La Uspec, junto con el Inpec, desarrollaron un plan de acción para mitigar estos problemas a nivel nacional y hacer un seguimiento a la alimentación.

Las entidades identificaron a nivel nacional 12 problemas que son reiterativos y basados en ellos se están haciendo los seguimientos.

Las variables son: Incumplimiento en ciclos de menú, Incumplimiento en gramajes de alimentos, Hallazgos relacionados con presencia de vectores o plagas, Condiciones de limpieza y desinfección del servicio de alimentación, Residuos solidos, Condiciones de limpieza y desinfección del servicio de alimentación, Calidad de la materia prima, Equipos y utensilios (Menaje), Dotación del personal manipulador, Incumplimiento en el recurso humano según número de PPL, Descomposición de los alimentos, Estado de las carros transportadores de las raciones y el incumplimiento en los horarios de entrega de las raciones.

Se espera que desde septiembre cambien los operadores y mejoren las condiciones para los presos.

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