Queda poco tiempo para que en las elecciones de Congreso de la República del próximo 13 de marzo sean elegidas las 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep)}, que fueron pactadas en el acuerdo firmado entre el Gobierno del expresidente Juan Manuel Santos y las antiguas Farc, pero que hasta este periodo legislativo comenzarán su vigencia (2022-2026).

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Por primera vez en la historia política de Colombia, el 20 de julio se posesionarán 16 personas que fueron víctimas del conflicto armado ante la Cámara de Representantes, quienes además de ampliar el legislativo, buscarán implementar estrategias y mecanismos por los cuales se puedan darles mayores garantías a esa población.

En temas de violencia, según la Misión de Observación Electoral (MOE), de los 167 municipios que conforman las Critep, 43 de esos territorios están en riesgo extremo, 44 municipios en riesgo alto y 10 en riesgo medio. Según la Registraduría Nacional, se escribieron 403 candidatos a esas curules, 202 mujeres y 201 hombres.

Recientemente, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea insistió en la importancia de vigilar las circunscripciones de paz que, para la UE, se da en unas circunstancias difíciles: “Analizaremos con mucho detenimiento lo que ocurre con las curules de paz. Son circunstancias territoriales, sociales y políticas muy particulares, obviamente desde las condiciones de seguridad hasta la financiación de las candidaturas. Ese es nuestro objetivo”, expresó Javi López, jefe de la Misión.

Frente a esa coyuntura, la Fundación Ideas para la Paz (FIP) presentó el informe ‘¿La mala hora de las curules de paz?: escenarios de riesgo y acciones prioritarias’, el cual evidencia como está el panorama para los candidatos de esas curules, las poblaciones en donde podrán ser elegidos y los riesgos que enfrentan los comicios.

Según la FIP, el 49,9 % de candidatos están inscritos desde organizaciones sociales, el 18,9 % desde grupos de víctimas, el 11,4 % desde consejos comunitarios y el 10,4 % desde organizaciones campesinas. Respecto a las zonas con más candidatos, Antioquia ocupa el primer puesto con el 16,9 % de inscritos, seguido de Cesar con el 9,4 %, Sucre con 7,9 % y Bolívar con 7,4 %.

La mayoría de candidatos son líderes de comunidades campesinas, mujeres o grupos étnicos, haciendo la precisión que ningún aspirante puede venir de la representación de los partidos políticos con personería jurídica.

Según la FIP, en la actual coyuntura electoral se han evidenciado diferentes riesgos políticos frente a los candidatos y a las comunidades que son las que elegirán los siguientes representantes a la Cámara. La Fundación manifestó, en general, que actualmente no existen las suficientes garantías electorales y de territorio para ejercer política debido a la inseguridad y desconfianza que prevalece en ese tipo de zonas.

Uno de los riesgos puntuales es el impacto humanitario y las restricciones que hay en los territorios para ejercer participación política, esto por flagelos como el desplazamiento forzado, la presencia de grupos armados, amenazas, asesinatos, entre otros. Las zonas con mayor riesgo en Colombia son el Catatumbo, Cauca, Pacífico nariñense, Bajo Cauca y Chocó.

Frente a los hechos recientes de violencia por parte de grupos armados, es evidente que no es fácil hacer política, para controlar esas situaciones, la investigadora de la FIP, Irina Cuesta, expresó que el Gobierno debería realmente ejercer su política de seguridad que no le está dando garantías a ningún ciudadano.

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“Hay frentes de trabajo que podrían garantizar, al menos, las elecciones y que haya las garantías de los derechos políticos. En primer lugar, debe haber una serie de alertas tempranas que llaman la atención de grupos articulados de diferentes entidades a nivel local, también una ruta de atención para las amenazas de líderes sociales y de candidatos, no son claras las rutas en donde se pueden atender estos casos”, expresó Cuesta.

La investigadora de la FIP aseguró que es importante que haya unos mínimos humanitarios en la seguridad y atención del orden público, debido a que se podrían ver en riesgo algunos puestos de votación de esas regiones el mismo 13 de marzo.

La presencia de grupos armados es uno de los principales flagelos que, al utilizar su mal poder, tienen incidencia en la política ejerciendo presiones o amenazas con intereses electorales. Según la FIP, esas presiones se han evidenciado en territorios como Urabá, Montes de María y algunas zonas del Putumayo.

Otro riesgo latente es la estigmatización de líderes y candidatos que durante los años han venido implementando el acuerdo de paz he intentado hacerlo cumplir, especialmente a quienes buscan reparar víctimas y ejercer un desarrollo territorial que beneficie a las comunidades. Por ese motivo, muchos candidatos han solicitado reforzar su seguridad y medidas de protección.
 

Para la FIP, a pesar de que el Gobierno ha dispuesto mecanismos de denuncia y rutas de atención, estas han sido tardías y de poco impacto, especialmente en las zonas más locales y pequeñas en donde no hay mucha atención institucional y en la cual tampoco las poblaciones tienen mucha confianza.

La Fundación también hace un importante llamado a las alertas que se han anunciado de que clanes políticos tradicionales que quieran, por medio de víctimas, ocupar esas curules. Hacen un llamado para evitar practicas de clientelismo que, hasta la fecha, ya se han denunciado actos como financiación de publicidad, apoyos políticos e influencias públicas.

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“Ya ha habido varias denuncias, en el caso del Cesar y del Caquetá ya hay alertas de ojo, porque si hay apoyo político que está siendo muy evidente. Esto puede afectar en que se elijan liderazgos que estén vinculados a partidos tradicionales que causa una captación política regional y sus intereses”, expresó la investigadora Cuesta.

Una situación que siempre ha estado latente en Colombia y, puntualmente, en la política son las brechas de género y los obstáculos a los que se enfrentan las mujeres para tener participación activa. Aunque por una persona son más las mujeres candidatas que los hombres, la FIP ha reportado que aún persisten las brechas y los estereotipos en su reconocimiento como candidatas.

También han sido persistentes las agresiones y la falta de seguridad que tienen muchas de ellas. Para la investigadora Cuesta, las condiciones para las mujeres han sido mínimas: “No hay garantía que en las 16 curules vayan a quedar con la paridad de género, organizaciones internacionales y locales están insistiendo en formar a las candidatas en cómo administrar su campaña, en cómo potenciar tema de publicidad, entre otros, pero los desafíos desbordan el proceso electoral”.

Un riesgo que prima especialmente en zonas rurales y de bajos recursos es el desconocimiento y el poco acceso a la pedagogía electoral que es tan necesaria para que la población sepa como ejercer correctamente su derecho al voto, aunque las entidades electorales han entregado material educativo por redes sociales y páginas web, en muchas de esas zonas no se puede acceder a esos mecanismos.

Algunas de esas poblaciones pueden quedar dependiendo de lo que mediantemente puedan hacer los candidatos en preparación, aunque ese tipo de acciones también conllevan un financiamiento al que muchas veces no se tiene acceso.

“Además de hacer campaña y presentar sus propuestas, los candidatos también han hecho pedagogía sobre qué son las curules de paz, en las zonas rurales todavía se piensa que esas curules son como la elección tradicional de Cámara y Senado y no se alcanzó a socializar de manera completa de qué se trataba”, expresó la investigadora de la FIP.

Como principales acciones que recomienda la FIP ejercer en poco más de dos semanas que quedan para los comicios, está el emplear estrategias y hacerle mayor seguimiento a la seguridad de los candidatos de las diferentes zonas, también socializar las estrategias y rutas de protección que ha empleado el Gobierno desde el Ministerio del Interior.

La FIP recomendó fortalecer los mecanismos que fueron acordados para las víctimas en el acuerdo de paz en materia de garantías y participación política, emplear las ayudas humanitarias en temas de movilidad y financiamiento para ejercer política y prevalecer la seguridad en términos de amenazas o ataques de grupos armados.

En temas pedagógicos se recomienda emplear iniciativas de educación electoral que beneficien a los candidatos, que son quienes han venido implementando esa educación electoral. Fortalecer las instancias que le hacen seguimiento a las denuncias de candidatos.

“Son 16 curules que buscan representar a sus territorios, que van a tener una labor importante en potenciar e impulsar temas del acuerdo de paz y puede ser muy interesante la labor que se pueda jugar, ya hay varios desafíos de mediano y largo plazo y es como rodear a esas curules, como garantizar la capacidad técnica y los apoyos políticos para poder impulsar estas curules”, concluyó Cuesta.

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