La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció en la mañana de este martes, mediante el Auto de Priorización 008, que comenzará oficialmente la investigación sobre el entramado criminal en el que las Fuerzas Militares y otros agentes del Estado, en asociación con grupos paramilitares o terceros civiles, se asociaron para delinquir y afectar a la población civil.
La magistrada Belkis Izquierdo Torres detalló que, de acuerdo con las investigaciones adelantadas hasta el momento, hay 15.710 víctimas de hechos atribuidos a miembros de la Fuerza Pública asociados con el paramilitarismo.
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El nuevo caso se denomina “crímenes cometidos por miembros de la fuerza pública, otros agentes del Estado, o en asociación con grupos paramilitares, o terceros civiles, por causa, con ocasión, o en relación directa o indirecta con el conflicto armado colombiano”.
En cuanto a los incidentes a investigar, son cerca de 56.000, los cuales incluyen 8.345 homicidios, 2.940 desplazamientos forzados y 1.249 torturas, entre otros. El 51% de los hechos fueron perpetrados entre 2000 y 2009.
En un principio, los territorios sobre los cuales se concentrará el macrocaso 008 son el Gran Magdalena, Guaviare, El Caguán y Florencia, Antioquia y el Magdalena Medio.
La JEP abordará tres grandes líneas de investigación en este macrocaso: el primero sobre crímenes motivados por justificaciones contrainsurgentes; el segundo respecto a crímenes motivados por el favorecimiento de intereses económicos particulares; y el último estará centrado en los crímenes motivados por el control de la función pública en los territorios.
Los magistrados reconocieron que en este macrocaso tendrán que retomar los expedientes y pruebas que ya recaudó el sistema penal de Justicia y Paz, diseñado en su momento para judicializar a los integrantes de las autodefensas paramilitares desmovilizadas entre 2003 y 2006.
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Esto implica, según el magistrado Óscar Parra Vera, que habrá que volver a escuchar a los antiguos comandantes de las AUC. “Justicia y Paz no pudo avanzar mucho en cuanto a los terceros responsables, hizo muchas compulsas de copias. Nosotros tenemos algunos avances en ese sentido”, señaló el jurista.
La decisión podría abrirles la puerta a los exjefes de las AUC que han venido pidiéndole pista a la JEP, pero cuyo ingreso ha sido resistido. Es el caso de Salvatore Mancuso (“el Mono”) y de Jorge Tovar Pupo (“Jorge 40”), cuyas solicitudes de ingreso están siendo analizadas en la Sección de Apelaciones, luego de que la entidad los rechazó en un principio.
También se les daría cobijo a varios exmiembros de la Fuerza Pública. Según la magistrada Catalina Díaz, “no damos abasto con las solicitudes para recibir las confesiones de militares que quieren reconocer sus delitos”.
La jurista precisó que el hecho de que la JEP comience a investigar a los paramilitares no quiere decir que la Fiscalía y Justicia y Paz tengan que frenar sus expedientes, sino que podrán continuar con sus propias pesquisas. Lo que se buscará es una articulación entre las entidades, para que no se repita el esfuerzo investigativo de manera innecesaria.
De otro lado, los magistrados informaron que próximamente se le anunciará a la opinión pública la apertura de otros dos macrocasos: el 009 para crímenes cometidos contra pueblos y territorios étnicos; y el 011, sobre violencia sexual basada en género contra las comunidades Lgtbi.
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