El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Javier Pava, presentó un balance y las acciones que se tomarán en adelante para atender la emergencia a causa de la ola invernal por la que atraviesa el país.
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Uno de los puntos tiene que ver con la adquisición de predios que sean seguros y se encuentren aledaños a las zonas afectadas por el invierno, ya que el llamado del presidente Gustavo Petro es a que los damnificados no sean evacuados a salones comunales o colegios.
Para ello, se buscará que sean predios o inmuebles que lleven un proceso establecido y reglamentado en la Ley 1523, en sus artículos 73, 74 y 75, donde se propone en primera medida la negociación con los propietarios y el Gobierno, estableciendo un proceso de compra.
“El artículo 73 habla de la adquisición de predios, el 74 habla del procedimiento y el 75 habla del tema incluso de la expropiación por vía administrativa cuando se llegue a requerir”, señaló Pava, quien dijo que prima la protección de las familias y garantizar su traslado a lugares seguros.
Otra de las solicitudes hechas por el Presidente, tiene que ver con el apoyo de las organizaciones sociales y comunitarias, como la línea base en el territorio para que estos actúen como aliados estratégicos en este momento de crisis.
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“Con ellos vamos a trabajar en una propuesta complementaria para el tema de resolver el problema de la crisis alimentaria en mucho de estos municipios, sino que sea con ellos con los que creemos, a través del apoyo de recursos de la UNGRD, ollas comunitarias y comedores comunitarios, para brindar asistencia de comida en principio a las comunidades afectadas por los deslizamientos e inundaciones que ha obligado la evacuación de muchas familias” aseguró Pava.
Panorama
Según la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, desde el primero de agosto de 2021, con corte al 13 de noviembre del año en curso, se han registrado 3.794 eventos de emergencia en 32 departamentos y 881 municipios, con un total de 268 fallecidos, 61 desaparecidos y 721.755 personas afectadas, que conforman 217.380 familias.
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En temas relacionados con infraestructura, actualmente hay un saldo de 6.748 viviendas destruidas, 116.521 casas averiadas, además de afectaciones en 343 puentes vehiculares, 241 puentes peatonales, 471 acueductos, 67 centros de salud, 457 sedes educativas, 170 centros comunitarios.
Ante este panorama, el presidente Gustavo Petro anunció el pasado primero de noviembre la declaración de desastre nacional, contemplada en la ley 1523 de 2012, destinando 2,1 billones de pesos, que fueron recogidos de los distintos ministerios para atender dicha emergencia.
Este dinero, según la UNGRD, fue destinado al Plan de Acción Específico que se adelanta actualmente y contempla cuatro líneas de intervención en una primera fase, distribuidas de la siguiente manera: servicios generales de respuesta con el 25,90% de los recursos, la mayor parte de estos serán destinados para combatir el hambre con 46,58 %, 0,97 % en agro insumos y producción de alimentos, y 26,55 % en la respuesta a emergencias viales
La segunda fase está relacionada con la recuperación temprana, centrada específicamente en los medios de vida, impacto humano y la restauración de los derechos, distribución de alimentos a través de cadenas productivas locales, entre otros aspectos como el restablecimiento de la conectividad y movilidad vial.
La tercera fase del plan, llamada Adaptación para el Buen Vivir, está encaminada a la economía productiva para la vida y soberanía alimentaria, la recuperación de ecosistemas y ordenamiento del territorio alrededor del agua, los centros públicos de adquisición y comercialización de alimentos, el hábitat sostenible y la red vial comunitaria para la producción de alimentos.
Finalmente, se prevé que la ejecución de este Plan de Acción Específico se extienda hasta 2024, con el objetivo de finalizar cada una de las intervenciones contempladas en estas tres estrategias.
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