El 8 de octubre se consolidó la firma final del acuerdo entre el Presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego, y las directivas de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), en cabeza de José Félix Lafaurie, para lograr la compra y venta de tres millones de hectáreas de tierras.
Tanto el Gobierno Nacional como Fedegán han catalogado el acuerdo como histórico, esto teniendo en cuenta que el Estado comenzará a cumplir uno de los puntos que contempla el primer punto del acuerdo de paz firmado entre el Gobierno y las antiguas Farc, punto denominado: ‘Hacia un Nuevo Campo Colombiano: Reforma Rural Integral’.
El actual Gobierno, con la firma del convenio, cumplirá el punto 1.1.1 del acuerdo de paz que establece: El Gobierno Nacional creará un Fondo de Tierras de distribución gratuita de carácter permanente, que dispondrá de tres millones de hectáreas durante sus primeros 12 años de creación.
El acuerdo contempló que las tierras tienen que ser fértiles y ociosas, que estén en aptas condiciones físicas, adecuadas en producción y agrológicas que permitan ser competitivas, esto con la intención de lograr la integralidad y la redistribución de tierras acertadas. Tienen que generar los ingresos suficientes para sacar a las personas de la pobreza monetaria, garantizar la vida digna, e infraestructura social y física.
“Deberán estar acordes con la realidad del cambio climático, entendido como las modificaciones del clima atribuidas directa o indirectamente a la actividad humana observada durante períodos de tiempo preestablecidos (mayores o iguales a 30 años), para desarrollar actividades productivas, la ganadería entre ellas”, establece el acuerdo.
La compra también buscará remover el carbono en la atmósfera, esto con el fin de contribuir en la lucha contra el cambio climático por medio de Sistemas Silvopastoriles Intensivos (Sspi), mecanismo que permitirá aumentar capacidad de captura de carbono en las áreas ganaderas, la capacidad de fijación de nitrógeno del suelo, reducir la aplicación de abonos químicos, entre otros.
¿Qué acordaron el Gobierno y los ganaderos?
“Tres millones de hectáreas de tierra que deben ser acreditadas como propiedad privada, que no estén siendo cuestionadas por la institucionalidad de restitución, que no tenga ningún proceso agrario en curso, ni medidas de protección y que cumpla con las disposiciones ambientales y agrarias, y condiciones ecológicas”, expresa el principal objetivo.
El Gobierno evaluará la condición de productividad, esto con la ubicación, el número de hectáreas y más, también se trabajará en planes que construyan y restablezcan prontamente la construcción de vías terciarias que permita facilitar el tránsito de los productos cosechados.
El Ministerio de Agricultura puntualmente se comprometió a identificar la demanda y caracterización de tierra, caracterización de la población y entrega de tierras, acompañar los procesos de ganadería y proyectos sostenibles, desarrollar programas de crédito, prestar asistencia técnica, entre otros.
La Asociación de ganaderos se comprometió a identificar y ubicar las tierras que tengan mayor capacidad de atención para los campesinos, tomar tierras que permitan desarrollar proyectos sostenibles, apoyar con la experiencia de los ganaderos en la creación de los proyectos, proponer ideas de ganadería sostenible y ser cooperante en medio del proceso de compra.
Frente a cómo será el pago, se estableció que se venderán los predios dependiendo del valor comercial y catastral determinado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac), este determinará precios mínimos y máximos de cada oferta, también se tendrá en cuenta el resultado del catastro multipropósito.
“Por su parte, el Gobierno asumirá los costos a los que haya lugar para materializar el respectivo negocio jurídico. El pago se efectuará con bonos de deuda pública u otra forma de pago que determine el Gobierno”, expresa el acuerdo.
Las hectáreas que tiene el Fondo Nacional de Tierras
Las partes establecieron que la tierra que sea adquirida se moverá al Fondo Nacional de Tierras, como lo rige el acuerdo. Aunque se adquirirán tres millones de hectáreas, la Agencia Nacional de Tierras, a corte de septiembre del presente año, cuenta con 1.400.000 hectáreas, es decir que en total se tendrían en el Fondo 4,4 millones de hectáreas.
Por otro lado, según la Consejería para la Estabilización y la Consolidación, frente a la restitución de tierras de desplazados, ante la justicia se presentaron 10.423 demandas que corresponden a 14.613 solicitudes de restitución. De las 10.423 demandas, 5.439 fueron tramitadas en 125 municipios PDET y corresponden a 7.136 solicitudes de restitución.
Según las cifras se han radicado 166 demandas que buscan restituir 3.426.603 hectáreas a favor de 55.456 familias para los grupos étnicos, comunidades indígenas y afrodescendientes.
Aunque el fondo de tierras es un mecanismo único, el acuerdo de paz también contempló otras medidas de entrega de tierras como subsidios integrales para la compra de tierras, créditos especiales y por medio de leyes que tendría que tramitar los Gobiernos para que las poblaciones puedan acceder a las tierras.
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