Esta semana el Congreso de la República aprobó, en primer debate, el Presupuesto General de la Nación por un monto de 405,6 billones de pesos para el próximo año, de los cuales el dinero destinado a la salud de los colombianos sería de 50,2 billones de pesos.

A estos recursos, que son superiores a los obtenidos para este 2022 (42 billones), se le suman el recaudo de otras dos fuentes, como lo son las cotizaciones de los trabajadores (dependientes e independientes).

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Sin embargo, la discusión persiste especialmente en el rubro del aseguramiento, es decir, el dinero que el Gobierno les gira a las EPS por cada afiliado, conocido técnicamente como la UPC.

Con los recursos adicionales para 2023, la administración Duque señaló la necesidad de hacer un incremento de la UPC cercano al 15 %, pero los cálculos de la administración Petro son de un aumento menor, de 12 % (actualmente es de 8,5 %).

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La reducción en el incremento viene justificada por un déficit de 5,5 billones de pesos heredados por la anterior administración, dijo la ministra de Salud, Carolina Corcho.

El total del déficit es el resultado de deudas por 3,1 billones de pesos de pruebas Covid-19; los 1,8 billones por activos por emergencias; los 306.000 millones del Plan Nacional de Vacunación; los 112.000 millones de aseguramientos corrientes; y 100.000 millones para el programa de prevención, explicó Corcho.

Así las cosas, en el primer escenario, que plantea un incremento de la UPC al 14,97 %, el presupuesto general se aumentaría a 86,5 billones de pesos. Mientras que el escenario con un incremento de la UPC al 12 %, el presupuesto aumentaría a 82 billones, teniendo en cuenta que el presupuesto base del Ministerio de Salud en 2022 es de 74 billones de pesos.

“Los dos escenarios de presupuestos planteados por este Gobierno superan lo que tenemos en la vigencia 2022, siendo el presupuesto más alto de la historia de la salud en Colombia, que también incluyen 1,3 billones del programa de Salud Preventiva”, dijo Corcho.

Visto de otra manera, la asignación de recursos adicionales para 2023 sería de 8,1 billones o de 3,8 billones, pero esta última propuesta generó alarma en las EPS, que alegaron una “desfinanciación de la salud de los colombianos”, debido a los altos costos que prevén para el próximo año.

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Explicaron que en 2023 se espera una mayor demanda de servicios de salud por cuenta de tendencias de envejecimiento de la población y por el rezago de citas y tratamientos que se dejaron de atender por la pandemia.

Sumado a ello, piden tener en cuenta la expectativa inflacionaria y otros impactos tributarios por cuenta del aumento del salario mínimo, “sin tener en cuenta posibles modificaciones derivadas de la reforma laboral anunciada por el Gobierno, en donde se ha propuesto el aumento del pago de jornada nocturna y horas extras en un sector que trabaja 24x7”, dijo Acemi.

Otro argumento es el aumento de la carga de enfermedad en las EPS receptoras, encargadas de asumir la atención de las EPS liquidadas por la Superintendencia Nacional de Salud. Cabe señalar que el Gobierno Duque sacó del sistema a 14 EPS por malos indicadores, y en lo que va del Gobierno Petro ya son dos aseguradoras eliminadas.

Así las cosas, las EPS no solo piden más recursos, además desconfían del diagnóstico presentado por la ministra Corcho, razón por la que, al estilo del nuevo gobierno, pidieron mesas de diálogo para clarificar las cifras.

“Deseamos sentarnos con el Ministerio de Salud para trabajar con base en un diagnóstico cierto que permita tomar las mejores decisiones”, señaló la Cámara de Aseguramiento en Salud de la ANDI.

El Centro de Estudios Económicos ANIF señala que un aumento de solo 3,8 billones de pesos en el presupuesto anual, significa una disminución en casi tres puntos porcentuales del incremento de la UPC para el año 2023, con lo cual las aseguradoras pasarán de recibir 4 billones adicionales a solo contar con una adición de 2,1 billones.

“No asegurar la suficiencia de esa prima pondría en riesgo la atención de salud de millones de personas, en particular los más vulnerables”, dice ANIF.

Para la profesora de la Universidad Nacional, Claudia Vaca, una de las personas que integró el equipo de empalme entre el Gobierno de Iván Duque y el de Gustavo Petro, los cálculos del MinSalud tampoco son claros del todo, por lo que sugirió diálogos para disminuir la tensión entre los actores del sistema.

“Sin conocer los detalles de la forma como se hizo el cálculo del excedente que se está pidiendo por parte del Ministerio de Salud, en todo caso está muy por debajo del alza de la inflación, lo cual sugeriría que, aún por fuera de las discusiones de los componentes detallados de los cálculos de la UPC, un déficit con respecto a inflación pudiera complicar aún más la situación de financiamiento para el sector por las deudas acumuladas”, dijo.

Una opinión más es la del Decano de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud Universidad del Rosario, Gustavo Quintero-Hernández, quien también pidió claridad en las cifras que argumentan la decisión de disminuir el aumento.

“Cualquier disminución de esos recursos conlleva riesgos para los usuarios del sistema de salud y, seguramente, crisis innecesarias que afectan siempre a los más desprotegidos”, dijo.

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