La Corte Constitucional, mediante Auto 538 de 2022, convocó a una audiencia pública dentro del proceso de tutela T-8.018.193, para evaluar cuál ha sido la respuesta del Estado ante la vulneración masiva de los derechos humanos y fundamentales de personas defensoras de derechos humanos.
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Esta audiencia pública, que se llevó a cabo mediante canales virtuales, se dio en el marco de la acción de tutela interpuesta por un grupo de líderes y lideresas sociales de Cauca, Chocó, Casanare, Antioquia, Valle del Cauca, Putumayo, Córdoba, Cali y Medellín, respaldados por plataformas de DD.HH. y organizaciones de la sociedad civil, en medio de la crisis social y grave situación de seguridad que viven los líderes y lideresas sociales del país.
El asunto giró en torno a nueve acciones de tutela presentadas por 18 ciudadanos que se identifican como población líder y defensora de derechos humanos contra varias autoridades estatales, entre ellas, la Presidencia de la República, el Ministerio del Interior, la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio de Defensa, la Unidad Nacional de Protección y la Procuraduría General de la Nación.
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Dentro de la acción de tutela, los accionantes consideran vulnerados sus derechos fundamentales como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones de respeto, garantía y protección de su vida y de los colectivos que integran.
Según los escritos de tutela, la afectación de los derechos se produce en diferentes escenarios: (I) algunos de los accionantes no cuentan con protección de la UNP; (II), otros afirman que si bien el Estado les ha brindado protección a través de esquemas de seguridad ello no ha sido suficiente, dado que los esquemas de protección no son eficaces y no tienen enfoque diferencial de género, étnico racial, cultural, ni territorial.(III), destacan que ello ha afectado la representación de las colectividades y (IV), no existen políticas que eviten la estigmatización sistemática de la cual son víctimas.
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La audiencia pública, que tuvo como ponente al magistrado José Fernando Reyes, expuso cuatro ejes temáticos. Primero, la situación actual de protección a la vida y la integridad de la población líder y defensora de derechos humanos.
Segundo, las medidas legislativas, administrativas y presupuestarias adoptadas por el Estado para efectos de implementar una política pública de protección a la población líder y defensora de derechos humanos.
Tercero, la efectividad de las rutas de protección y de las medidas para garantizar la vida y la integridad de la población líder y defensora de derechos humanos y de grupos, colectivos y/o comunidades que tienen por objeto la defensa de los derechos humanos en Colombia. Cuarto, la garantía de protección a la vida y a la integridad de la población líder y defensora de derechos humanos acorde con el Acuerdo Final para la Paz.
Las voces de los líderes
Para dar inicio a esta audiencia pública, el magistrado ponente habló sobre la importancia social que tiene este proceso y hace referencia a nueve tutelas presentadas por 18 ciudadanos que se identifican como población líder y defensora de derechos humanos contra autoridades estatales.
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Después, ante la audiencia, se dirigió el Director de Dejusticia, el abogado constitucionalista Rodrigo Uprimmy, quien se pronunció sobre la deslumbrante situación de los líderes sociales en Colombia y dijo que esta problemática, al día de hoy, no cambia y por lo contrario, se sale cada vez de las manos.
“La violencia contra líderes y lideresas es gravísima, por su intensidad y sus impactos, pues no sólo viola sus derechos e integridad de su vida, si no que viola sus derechos a defender derechos” , mencionó.
Y también dijo: “La situación de los líderes y lideresas del país no ha mejorado durante el actual Gobierno. Entre 2016 y 2019 los homicidios pasaron de 61 a 108, así como otros delitos también aumentaron”.
Erlendy Cuero Bravo, lideresa representante de la comunidad afro, quien denunció la falta de garantías del Estado hacia los activistas sociales y se notó preocupada por los problemas de seguridad que los líderes afro han tenido en la protección individual, aseguró que no se han fijado medidas por parte de instituciones, y que la situación de riesgo para ellos es bien grande .
“Es importante que este tipo de situaciones que persisten, tengan que tener una solución de fondo que permita seguir avanzando en esa construcción de paz. Nosotros trabajamos en nuestros territorios en el marco de preservar la vida, proteger nuestra niñez, pero también de las mujeres y personas mayores”, Cuero. Dijo: “Por favor se nos permitan las garantías reales para continuar en la defensa de derechos”.
Cabe resaltar que en 2018, el Gobierno afirmó que llevaría a cabo el Plan de Acción Oportuna (PAO), una medida para responder a la violencia que afecta a los líderes y lideresas sociales. En este proceso ignoró las dudas sobre el plan que tenían las organizaciones de la sociedad civil y líderes sociales, quienes no tuvieron participación ni en la configuración ni en la implementación.
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“Muchas de las medidas que se toman carecen de un análisis del contexto. Frente a la ineficacia de las medidas, hemos optado por implementar mecanismos de autoprotección”, pronunció Óscar Gerardo Salazar, otro líder social.
“Es urgente implementar de manera integral para el grupo cultural campesino, tanto en lo individual como colectivo, el enfoque diferencial, con todo lo que ello implica para las comunidades, sus organizaciones y sus líderes y sus derechos”, señaló Óscar Salazar Muñoz.
De esta manera, los líderes accionantes que participaron en el primer eje temático de la audiencia pública, expresaron las causas del continuo abandono del Estado y como vulnera sus derechos fundamentales, como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones de respeto, garantía y protección de su vida y de los colectivos que integran.
La alta comisionada
La representante en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Juliette de Rivero, Reiteró la importancia de que se fortalezca la presencia integral del Estado en territorios afectados por el conflicto y se coordinen las respuestas interinstitucionales apropiadas para garantizar la seguridad y el bienestar de las comunidades, incluido el acceso a la justicia.
También hizo un llamado a reforzar la implementación de las recomendaciones de las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo y los mecanismos de protección colectiva en los territorios.
“Se debe atender el problema del incremento general de la violencia en los territorios para prevenir las agresiones contra personas defensoras, esto solo se logrará reforzando la implementación del proceso de paz a nivel nacional y territorial”, señaló.
Asimismo, mencionó que las medidas para enfrentar la situación de los líderes y lideresas sociales han demostrado ser ineficaces, como lo indican las cifras de violaciones a los derechos a la vida y a la integridad personal, las denuncias de amenazas, de desplazamientos y otras vulneraciones.
“La muerte de los defensores de derechos humanos no disminuyó con la firma del Acuerdo de Paz. Desde el 2016 las cifras han venido aumentando y hoy se presentan alrededor de 100 cada año”, dijo la alta comisionada, Juliette de Rivero.
Y también dijo: “100 casos de homicidios de defensores verificados en el 2021 fueron casos de muerte que ocurrieron en el contexto de protestas. Es decir, al fallecer estaban ejerciendo su derecho a la protesta pacífica, defendiendo sus derechos como los de las otras personas”.
El defensor del pueblo
Durante 2021 se registró un total de 145 homicidios en contra de líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos, inferior en 20 % a los 182 casos ocurridos en 2020.
Las cifras fueron reveladas por el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, quien precisó que siguen siendo preocupantes las acciones de los grupos armados ilegales contra esta población, aunque se registre una cifra menor que la de 2020.
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Es importante recalcar que Durante el primer trimestre de 2022 se han presentado 52 casos de homicidio y según la Defensoría del Pueblo , los sectores sociales más afectados son los líderes y lideresas comunales, indígenas y campesinos.
Los departamentos más afectados han sido Antioquia, con 24 homicidios; Cauca (22), Valle Del Cauca (19), Chocó (10), Nariño, Norte de Santander y Putumayo, cada uno con 9 homicidios reportados. En estos siete departamentos se concentró el 70 % del total de homicidios de líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos durante 2021.
“Hemos emitido 211 alertas tempranas sobre riesgos para defensores de derechos humanos en los últimos años. También señalamos el riesgo para esta población en otros cuatro documentos nacionales de advertencia”, mencionó el Defensor del Pueblo.
Y agregó: “Entre el primero de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2021, la Defensoría ha identificado y registrado a través del sistema de alertas tempranas 5.060 conductas vulneratorias contra personas defensoras de DD.HH en 547 municipios”, dijo Camargo.
Cabe resaltar que en el contexto colombiano actual, es necesario que el Estado adopte una política pública a favor de una cultura de legitimación y reconocimiento al trabajo de defensoras y defensores de derechos humanos, y reconozca públicamente e inequívocamente el papel fundamental que ejercen las personas defensoras para la vigencia de las instituciones democráticas y el Estado de Derecho.
“Hemos reconocido la necesidad de adoptar una política pública que fortalezca las instituciones, sus capacidades de acción y articulación, así como forjar ambientes propicios para el reconocimiento de las personas defensoras de DD.HH”, concluyó.
Hallazgos de la sala
Se ha observado que tras la firma del Acuerdo de Paz, los ataques violentos y mortales, particularmente los asesinatos y amenazas en contra de líderes, lideresas y personas defensoras de derechos humanos, han incrementado sostenidamente. Tanto las cifras de la sociedad civil como de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos (OACNUDH), reflejan esta tendencia.
Aunque el Consejo Nacional de Política, Económica y Social (CONPES), aprobó el 10 de diciembre de 2021 la Política Pública de Garantías y Respeto a la Labor de Defensa de los Derechos Humanos, la situación parece no mejorar, dio a conocer Rodrigo Uprimmy.
“El gobierno se ha negado a implementar los mecanismos de protección y participación de los líderes y defensores de derechos humanos que se encuentran en el Acuerdo de Paz”, dijo.
Sin embargo, esta medida optada por el actual Gobierno, que establece directrices dirigidas a garantizar y respetar la labor de defensa de los derechos humanos en Colombia, no ha sido exitosa y se considera que le hace falta más fundamento en su estructura.
“Reconocemos que hay una política, pero comparada con la magnitud de la crisis estamos ante un déficit de carácter estructural y vemos que la declaratoria de un ECI puede ayudar a que el Estado Colombiano supere esta falencia”, dijo Marco Romero, Director de la Consultoría para los derechos humanos y el desplazamiento (Codhes).
Y añadió: “La desprotección estructural y la violación masiva de los derechos de liderazgo social también deja al descubierto una falla estructural de protección por parte del estado social de derecho y de garantías ciudadanas básicas”.
Finalmente, Raúl Rosenden, delegado de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, invitó a las diferentes organizaciones a intervenir en este importante ejercicio, para defender los derechos de los líderes sociales en el país .
“Una de las medidas para mejorar la seguridad en los territorios es aumentar la presencia del Estado en las zonas de conflicto, no solo con la Fuerza Pública, sino también con las entidades de desarrollo social”, mencionó.
De esta manera se dio por terminada la audiencia pública, en la que se evidenció la situación actual de los defensores de derechos humanos y los respectivos compromisos del Estado.
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