Con la aplicación de la legítima defensa privilegiada para quien ataque a la persona que ingrese por la fuerza a su vivienda o a su vehículo y el aumento de penas para quien asesine a miembros de la fuerza pública, periodistas y líderes sociales, fue aprobada en el Senado y la Cámara de Representantes la conciliación del proyecto de ley de Seguridad Ciudadana, que busca darles más herramientas a las autoridades para luchar contra la delincuencia.
Con la aprobación, el proyecto queda solo pendiente de sanción presidencial para convertirse en ley.
Los ministros de Defensa, Diego Molano, e Interior, Daniel Palacios, defendieron la iniciativa como necesaria para darles a los jueces instrumentos para combatir la delincuencia.
“Esta Ley va dirigida al ciudadano de a pie, y lo que busca es dar más instrumentos al Estado para que haya más seguridad, más convivencia y más justicia (...) y poder seguir trabajando en defensa de los colombianos y sin tregua contra los delincuentes", aseguró Molano.
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Frente al tema de la legítima defensa privilegiada, Palacio señaló, en declaraciones a emisoras de radio, que lo que se busca es simplemente proteger a quienes son atacados en su domicilio y presumir que si repelen ese ataque lo están haciendo en defensa propia.
"La legítima defensa en Colombia existe ya en el código penal. En el texto conciliado se limita mucho más la legítima defensa privilegiada y queda circunscrita a solo dos lugares, la habitación, es decir la residencia, y el vehículo. Se presume la legítima defensa y será el fiscal quien tiene que demostrar que no es así. En ninguna parte se está autorizando que la gente dispare de manera indiscriminada en las calles", manifestó Palacio en entrevista con Blu Radio.
Miembros de la oposición, sin embargo, aseguraron que esta disposición es el camino para legitimar la justicia por mano propia.
"El uribismo nos quiere aplicar la misma vieja receta: la 'legítima defensa', la 'autodefensa', el 'blanco legítimo'. Ya sabemos en qué han terminado esas políticas de 'seguridad democrática': paramilitarismo, ‘falsos positivos’, sistemáticos crímenes de Estado", manifestó el senador Iván Cepeda.
El proyecto también aumenta las penas del delito de homicidio, de 41 a 60 años, para quienes asesinen a miembros de la Fuerza Pública o de los organismos que cumplen funciones permanentes o transitorias de policía judicial, e impone penas entre cuatro y seis años de cárcel, para quienes utilicen armas menos letales para intimidar o amenazar.
Así mismo, contempla la reincidencia como una causal para imponer medida de aseguramiento, con lo cual busca superar una situación que se presenta con mucha frecuencia, que delincuentes que han sido capturados hasta cinco o más veces por el mismo delito quedan en libertad porque no hay herramientas para mantenerlos detenidos.
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