El Fondo para la Reparación de Víctimas comenzará esta semana la entrega de indemnizaciones judiciales a 8.287 víctimas de tres grupos paramilitares cuyo valor ascenderá a 27.000 millones de pesos en bienes entregados por estos grupos.
Se trata de un proceso que comenzará el jueves en Santa Marta y que implicará a más de 8.000 víctimas de los bloques paramilitares de Central Bolívar, Mineros y Libertadores del Sur, después de que éstas hayan ganado sentencias judiciales dentro del marco de Justicia y Paz, la ley vinculada a la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), el mayor grupo paramilitar de Colombia y el más sanguinario del conflicto armado.
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El Fondo de Víctimas estará entregando las indemnizaciones hasta el 27 de enero y el valor de las mismas saldrá, tanto de los presupuestos del Estado -3.300 millones de pesos- como de recursos propios del fondo adquiridos a través de los bienes incautados y entregados por los integrantes de los grupos paramilitares que ascienden a 23.770 millones de pesos.
Se trata de la primera distribución de recursos propios del Fondo de Víctimas desde 2019 y los indemnizados lo serán por más de 10.000 hechos victimizantes, incluidos desplazamiento forzado, homicidio, desaparición forzada, secuestro, tortura y violencia sexual.
En los actos de entrega de las indemnizaciones judiciales también se realizarán actividades de reconocimiento y dignificación de víctimas, acompañamientos psicosociales y asesorías sobre cómo invertir adecuadamente los recursos para que tengan un efecto reparador en sus condiciones de vida, según explicó en un comunicado la Unidad de Víctimas.
Este lunes, la Fiscalía explicó que en 2022 se realizó la mayor entrega al Fondo de Víctimas de Bienes Incautados a estructuras paramilitares extintas y destinados para las víctimas desde que se puso en marcha el sistema de Justicia y Paz, vinculado a la desarticulación de las AUC.
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En total este año se entregaron 329 bienes que están valorados en 391.032 millones de pesos , según el balance de la Fiscalía.
Las AUC se desmovilizaron en 2006 tras un proceso de negociación con el Gobierno del entonces presidente colombiano Álvaro Uribe y como parte del acuerdo los exparamilitares se acogieron a la Ley de Justicia y Paz, que contemplaba penas de máximo ocho años de cárcel a cambio de colaboración para esclarecer crímenes, pero muchos de los líderes acabaron extraditados a Estados Unidos acusados de narcotráfico y otros crímenes.
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