Andrés Felipe Arias, condenado por el escándalo de Agro Ingreso Seguro, consiguió trabajo en una empresa tecnológica. Un juez le otorgó el beneficio de salir de su lugar de reclusión para cumplir con una jornada laboral de 8 horas diarias.
Un juez de ejecución de penas de Bogotá le otorgó al condenado la posibilidad de trabajar mientras termina de purgar su pena en prisión domiciliaria. El exministro de Agricultura del gobierno de Álvaro Uribe Vélez ahora trabajará para la empresa SBO LAB de Barranquilla.
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La vinculación de Arias al mercado laboral se logró a través de la Ley 2208 de 2022, conocida también como la ley de segundas oportunidades, esta, pretende que los expresidiarios y los reos puedan engancharse a oportunidades laborales.
“Quienes reciben el respaldo, no solamente logran crecer y desarrollarse, también adquieren herramientas que les permiten aprender valiosas lecciones de su pasado”, dice la empresa a la que se vinculará Arias en su página web.
SBO LAB, según su página, es especializada en impulsar la creación de empresas dedicadas a la tecnología y las comunicaciones.
El beneficio al que acaba de acceder Arias lo otorga la justicia a los condenados con buen comportamiento y a quienes hayan cumplido con la tercera parte de la pena. En este caso, el juez determinó que el exministro cumplía con los requisitos.
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¿Por qué condenaron a Arias?
La Corte Suprema de Justicia encontró a Arias culpable de los delitos de celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales y peculado a favor de terceros. Su condena fue de 17 años y cuatro meses de prisión. En agosto pasado la justicia le otorgó la posibilidad de culminar su condena en prisión domiciliaria.
Durante su gestión como ministro de Agricultura, los dineros del subsidio público de Agro Ingreso Seguro, destinados para los campesinos menos favorecidos, terminaron en las manos de empresarios y políticos con buena solvencia económica.
Uno de los casos más recordados del escándalo lo protagonizaron la actriz Valerie Domínguez y cuatro miembros de la familia de su entonces pareja, Juan Manuel Dávila. Se probó que el MinAgricultura les aprobó beneficios que sumaban los $2.200 millones. La actriz fue declarada inocente.
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