Acuerdo de Escazú afectaría la construcción del tren

Colprensa

Después de que se aprobara en el congreso la suscripción del país al Acuerdo de Escazú, la ministra de medio ambiente, Susana Muhamad, reconoció que esto significaría un riesgo para algunos proyectos de infraestructura del país.

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“Eso merece una discusión pública, con toda la información. Es un compromiso y merece la información clara de la sociedad para tomar esa decisión. ¿Pasaría un trayecto (del tren) por comunidades étnicas? Eso no es solo por Escazú, pasaría por consultas previas”, le dijo la ministra a Blu Radio.

Agregó que para que el proyecto se lleve a cabo debería haber “una concertación social, regional y nacional de los beneficios que tendría el proyecto”.

Entre los proyectos que se podrían enredar está el del tren elevado entre Buenaventura y Bucaramanga que el presidente Gustavo Petro prometió en campaña. “El proyecto arranca en el puerto de Buenaventura, en el Pacífico, y a través de un tren elevado, moderno, eléctrico, vincula a Buenaventura con los puertos del Caribe, entre ellos Barranquilla”, dijo Petro en marzo.

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Ante las críticas sobre lo improvisado que pareció el anuncio, el entonces candidato respondió que “como no es ni en Medellín ni en Bogotá dicen que es una locura”.

Una de las principales preocupaciones de quienes se opusieron al Acuerdo en el Congreso —el Centro Democrático y Cambio Radical— era efectivamente que por los compromisos que se adquirían se frenaran muchos proyectos de infraestructura del país con los cuales algunas comunidades en principio no estarían de acuerdo.

“Aquí no vuelve a haber un puente, un túnel o una obra civil. Ni siquiera los negros o los indígenas van a tener prevalencia con su consulta previa porque va a llegar una ONG internacional a decir que se está afectando al medio ambiente y la justicia dictará medidas cautelares porque el caso sería llevado a la Comisión Interamericana”, había dicho la senadora María Fernanda Cabal.

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El Acuerdo de Escazú fue firmado el 4 de marzo de 2018 por países de América Latina y el Caribe. El tratado internacional pretende garantizar el acceso a información oportuna a los líderes ambientales, a la vez que adopta medidas para proteger sus vidas.

Estos son los países que han firmado el Acuerdo:

- Antigua y Barbuda.

- Argentina.

- Bolivia.

- Chile.

- Ecuador.

- Guyana.

- México.

- Nicaragua.

- Panamá.

- Uruguay.

- Santa Lucía.