Miércoles, 29 de Mayo de 2013
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Pese a que la sensación de que, por primera vez, se está avanzando
verdaderamente con esta guerrilla para poner fin al conflicto que ha
desangrado al país es evidente, la incertidumbre sobre la forma como se
traducirán en hechos reales los puntos establecidos empieza a preocupar a
más de uno.~
El principio de que “nada está acordado hasta que todo esté acordado”, sumado a los escasos detalles del anuncio hecho el domingo por el Gobierno y las Farc, frente a los acuerdos logrados sobre el primer punto de la agenda de diálogo, dejaron en el ambiente muchas dudas y una enorme expectativa por los verdaderos alcances de lo pactado, en caso de que las partes logren un consenso definitivo.
Pese a que la sensación de que, por primera vez, se está avanzando verdaderamente con esta guerrilla para poner fin al conflicto que ha desangrado al país es evidente, la incertidumbre sobre la forma como se traducirán en hechos reales los puntos establecidos empieza a preocupar a más de uno.
O por lo menos así lo considera Andrés Moncada, presidente de la Federación Nacional de Avicultores de Colombia (Fenavi), quien aunque celebra que se avance en el proceso, cree que es necesario que se garantice que no está en negociación la política económica ni de desarrollo o crecimiento del país.
“Si nos garantizan que se respetará el derecho a la propiedad, la constitucionalidad, el orden de la propiedad privada, la economía y que no está en negociación el modelo de desarrollo, creemos que se avanzará por un buen camino”, aseguró.
Para Moncada, cualquier avance en materia de paz y seguridad en el campo es ganancia, toda vez que insistió en que el país está en deuda de garantizar una vida digna en el espacio rural a través del trabajo.
Otros, como el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), Rafael Mejía, consideran que en este momento sería irresponsable hacer comentarios sobre el futuro de los acuerdos en materia de tierras, puesto que no se conoce un documento que explique qué, cuándo, cómo y dónde se van a aplicar los acuerdos del proceso de paz.
“Esos planteamientos (los anunciados el domingo) fueron los mismos de hace seis meses, cuando se anunció lo que se iba a discutir (en la mesa). Como no sabemos qué se hizo, lo único que nos queda es esperar a que el Gobierno, de forma transparente y oportuna, nos entregue el documento en el cual definen el futuro del sector agropecuario”, advirtió Mejía.
De hecho, desde el 2011, el propio presidente Juan Manuel Santos, en la presentación del Informe de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas, ya venía haciendo referencia a varios de los puntos que quedaron incorporados en los acuerdos y que en otros términos se presentaban como las soluciones a implementar durante su mandato para el desarrollo del campo, pero muchas de las cuales hasta ahora no se han aterrizado a la realidad.
Carlos Calderón, profesor de ingeniería agroindustrial de la Universidad de la Sabana, también se cuestiona sobre la manera en que se dará tratamiento a la propiedad de la tierra, especialmente en lo referente a la creación de un banco.
“Por un lado hay una ley que busca devolver a los campesinos desplazados sus tierras, por otro personas que se apropiaron de terrenos que le habían sido quitados a otros campesinos, entonces, ¿quién se beneficia de la formalización? ¿qué se pretende? y ¿cómo evitar que se involucren personas de mala fe?”, preguntó.
El comunicado conjunto entre los delegados del Gobierno y las Farc señalaba además que el acuerdo busca que se reviertan los efectos de conflicto y que se restituyan las víctimas de despojo y del desplazamiento forzado.
En ese sentido, Calderón se preguntó si, por ejemplo, en el banco se incluyen las tierras que hoy están en proceso de reclamación o si se trata de una nueva distribución. También se mostró a la expectativa sobre el tratamiento que se les dará a las propiedades incautadas a narcotraficantes.
Al respecto, la directora del programa de Administración de Empresas Agropecuarias de la Universidad de La Salle, Claudia Patricia Álvarez, resaltó que la formalización de la propiedad es un aspecto independiente del compromiso de las Farc de regresar las tierras usurpadas a los campesinos.
“El punto es que todas las tierras que han sido adquiridas de forma ilegal, bien sea por la guerrilla, paramilitares o particulares, sean devueltas a los campesinos y formalizada su tenencia como garantía de acceso a este recurso base; pero no es lo único para el desarrollo rural”, manifestó.
La docente destacó que para alcanzar una reforma rural son necesarias políticas y programas de desarrollo que tengan como referente el territorio y lo aborden de forma integral, “que incluyan las diferentes dimensiones del desarrollo humano (aspectos sociales, políticos, ambientales y económicos)”.
Finalmente, precisó que “es necesaria una actividad productiva que requiere de instrumentos que favorezcan la asociación de los productores, el desarrollo de modelos de negocios que consideren las particularidades del territorio y sus agentes, la asistencia técnica y el crédito, entre otros”.
En opinión de Álvarez, una verdadera reforma rural contribuirá al crecimiento de la sociedad, a la preservación del ambiente, el bienestar de la población, la erradicación de la pobreza y la disminución de las brechas existentes entre lo rural y lo urbano, como lo proponen Gobierno y Farc, en el acuerdo anunciado el domingo.
Para Andrés Moncada, de Fenavi, la política agropecuaria no puede quedarse en darles tierra a los campesinos, es por eso que hace un llamado a fomentar el desarrollo agropecuario, pero no a través del minifundio.
“Está probado que eso no tiene probabilidades de éxito, pues es la actividad agrícola a gran escala la que convierte a los países en potencias agropecuarias sin necesidad de subsidios”, sostuvo.
Además, recalcó que aparte de firmar la paz hay que montar una estrategia integral de desarrollo al postconflicto y hacer un acompañamiento, pues será ese el momento cuando más se vean las dificultades.
“Estoy convencido de que, superado el primer punto, las Farc han tomado la decisión política de ir hasta el final en este proceso y, siendo optimista, entre septiembre y octubre se podrá estar llegando a un acuerdo de paz para llevarlo al Congreso de la República antes de terminar este año”.
“El tema de la tierra es fundamental para la construcción de una paz auténtica. Confío en que el acuerdo logrado pueda traducirse en la implementación de una eficaz política de desarrollo agrícola que priorice y tutele los derechos y legítimos intereses de las familias campesinas”.
“Ese reconocimiento político del abandono del campo y esos discursos sobre la dignidad de la familia campesina, unidos a promesas incumplidas una y otra vez, los ha escuchado el sector rural desde hace más de sesenta años, sin que nada cambie. Los ganaderos hemos denunciado durante décadas el sesgo antirural del modelo de desarrollo del país, sin que nada cambie; y ahora sí, como por ensalmo y gracias a las Farc, va a ser posible la resurrección del campo”.
Pese a que la sensación de que, por primera vez, se está avanzando
verdaderamente con esta guerrilla para poner fin al conflicto que ha
desangrado al país es evidente, la incertidumbre sobre la forma como se
traducirán en hechos reales los puntos establecidos empieza a preocupar a
más de uno.~
Pese a que la sensación de que, por primera vez, se está avanzando verdaderamente con esta guerrilla para poner fin al conflicto que ha desangrado al país es evidente, la incertidumbre sobre la forma como se traducirán en hechos reales los puntos establecidos empieza a preocupar a más de uno.
O por lo menos así lo considera Andrés Moncada, presidente de la Federación Nacional de Avicultores de Colombia (Fenavi), quien aunque celebra que se avance en el proceso, cree que es necesario que se garantice que no está en negociación la política económica ni de desarrollo o crecimiento del país.
“Si nos garantizan que se respetará el derecho a la propiedad, la constitucionalidad, el orden de la propiedad privada, la economía y que no está en negociación el modelo de desarrollo, creemos que se avanzará por un buen camino”, aseguró.
Para Moncada, cualquier avance en materia de paz y seguridad en el campo es ganancia, toda vez que insistió en que el país está en deuda de garantizar una vida digna en el espacio rural a través del trabajo.
Otros, como el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), Rafael Mejía, consideran que en este momento sería irresponsable hacer comentarios sobre el futuro de los acuerdos en materia de tierras, puesto que no se conoce un documento que explique qué, cuándo, cómo y dónde se van a aplicar los acuerdos del proceso de paz.
“Esos planteamientos (los anunciados el domingo) fueron los mismos de hace seis meses, cuando se anunció lo que se iba a discutir (en la mesa). Como no sabemos qué se hizo, lo único que nos queda es esperar a que el Gobierno, de forma transparente y oportuna, nos entregue el documento en el cual definen el futuro del sector agropecuario”, advirtió Mejía.
De hecho, desde el 2011, el propio presidente Juan Manuel Santos, en la presentación del Informe de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas, ya venía haciendo referencia a varios de los puntos que quedaron incorporados en los acuerdos y que en otros términos se presentaban como las soluciones a implementar durante su mandato para el desarrollo del campo, pero muchas de las cuales hasta ahora no se han aterrizado a la realidad.
Expertos opinan
Carlos Calderón, profesor de ingeniería agroindustrial de la Universidad de la Sabana, también se cuestiona sobre la manera en que se dará tratamiento a la propiedad de la tierra, especialmente en lo referente a la creación de un banco.
“Por un lado hay una ley que busca devolver a los campesinos desplazados sus tierras, por otro personas que se apropiaron de terrenos que le habían sido quitados a otros campesinos, entonces, ¿quién se beneficia de la formalización? ¿qué se pretende? y ¿cómo evitar que se involucren personas de mala fe?”, preguntó.
El comunicado conjunto entre los delegados del Gobierno y las Farc señalaba además que el acuerdo busca que se reviertan los efectos de conflicto y que se restituyan las víctimas de despojo y del desplazamiento forzado.
En ese sentido, Calderón se preguntó si, por ejemplo, en el banco se incluyen las tierras que hoy están en proceso de reclamación o si se trata de una nueva distribución. También se mostró a la expectativa sobre el tratamiento que se les dará a las propiedades incautadas a narcotraficantes.
Al respecto, la directora del programa de Administración de Empresas Agropecuarias de la Universidad de La Salle, Claudia Patricia Álvarez, resaltó que la formalización de la propiedad es un aspecto independiente del compromiso de las Farc de regresar las tierras usurpadas a los campesinos.
“El punto es que todas las tierras que han sido adquiridas de forma ilegal, bien sea por la guerrilla, paramilitares o particulares, sean devueltas a los campesinos y formalizada su tenencia como garantía de acceso a este recurso base; pero no es lo único para el desarrollo rural”, manifestó.
La docente destacó que para alcanzar una reforma rural son necesarias políticas y programas de desarrollo que tengan como referente el territorio y lo aborden de forma integral, “que incluyan las diferentes dimensiones del desarrollo humano (aspectos sociales, políticos, ambientales y económicos)”.
Finalmente, precisó que “es necesaria una actividad productiva que requiere de instrumentos que favorezcan la asociación de los productores, el desarrollo de modelos de negocios que consideren las particularidades del territorio y sus agentes, la asistencia técnica y el crédito, entre otros”.
En opinión de Álvarez, una verdadera reforma rural contribuirá al crecimiento de la sociedad, a la preservación del ambiente, el bienestar de la población, la erradicación de la pobreza y la disminución de las brechas existentes entre lo rural y lo urbano, como lo proponen Gobierno y Farc, en el acuerdo anunciado el domingo.
Los retos
Para Andrés Moncada, de Fenavi, la política agropecuaria no puede quedarse en darles tierra a los campesinos, es por eso que hace un llamado a fomentar el desarrollo agropecuario, pero no a través del minifundio.
“Está probado que eso no tiene probabilidades de éxito, pues es la actividad agrícola a gran escala la que convierte a los países en potencias agropecuarias sin necesidad de subsidios”, sostuvo.
Además, recalcó que aparte de firmar la paz hay que montar una estrategia integral de desarrollo al postconflicto y hacer un acompañamiento, pues será ese el momento cuando más se vean las dificultades.
No paran las reacciones
Juan Fernando Cristo, senador liberal
“Estoy convencido de que, superado el primer punto, las Farc han tomado la decisión política de ir hasta el final en este proceso y, siendo optimista, entre septiembre y octubre se podrá estar llegando a un acuerdo de paz para llevarlo al Congreso de la República antes de terminar este año”.
Monseñor Rubén Salazar, Cardenal Primado de Colombia
“El tema de la tierra es fundamental para la construcción de una paz auténtica. Confío en que el acuerdo logrado pueda traducirse en la implementación de una eficaz política de desarrollo agrícola que priorice y tutele los derechos y legítimos intereses de las familias campesinas”.
José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán
“Ese reconocimiento político del abandono del campo y esos discursos sobre la dignidad de la familia campesina, unidos a promesas incumplidas una y otra vez, los ha escuchado el sector rural desde hace más de sesenta años, sin que nada cambie. Los ganaderos hemos denunciado durante décadas el sesgo antirural del modelo de desarrollo del país, sin que nada cambie; y ahora sí, como por ensalmo y gracias a las Farc, va a ser posible la resurrección del campo”.
