Según la firma de consultoría Cerrito Capital los biocombustibles representan la alternativa de más rápida implementación y más costo eficiente que tiene el país para migrar hacia nuevas formas de energía y lograr los compromisos medioambientales en los que el país se compromete a reducir en un 51% la emisión de los gases de efecto invernadero para el 2030, lo que representa un paso adelante para llegar a la carbono-neutralidad en el 2050.
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De acuerdo con el estudio esa celeridad y oportunidad hace que los biocombustibles sean la medida prioritaria para acelerar esa reducción de emisiones, al tiempo que indica que una política en el sector transporte que sea efectiva para reducir emisiones de material particulado y CO2, debe incluir una canasta de opciones aprovechando las más costos eficientes, las viables en términos de penetración de las tecnologías y facilidad de implementación, como son los biocombustibles.
“Los biocombustibles son un actor clave en este proceso de transición hacia un futuro totalmente renovable, dado que tienen la capacidad de aportar a la transición energética, que no se puede hacer de la noche a la mañana. En otras palabras, al ser renovables y producidos localmente, permiten disminuir la dependencia del petróleo, lo que mejora la seguridad energética del país”, indicó Jorge Bendeck, presidente de la Federación Nacional de Biocombustibles.
Con el propósito de alcanzar el futuro renovable que Colombia y todo el planeta esperan, muchas acciones, normativas y propuestas se han planteado durante los últimos años, y en todas queda claro que para lograr ese objetivo los biocombustibles resultan determinantes para esa transición energética.
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En esa línea, la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme), entidad adscrita al Ministerio de Minas y Energía, ha publicado informes como el titulado “Biocombustibles en Colombia”, en el que dentro del marco normativo se refiere a la Ley 693 que, para la entidad, “marcó la entrada de Colombia en la nueva era mundial de los combustibles de origen vegetal, utilizados desde hace muchas décadas (particularmente el etanol), debido al atractivo económico en razón del Protocolo de Kyoto y la dinámica de precios internacionales del petróleo”.
Así mismo, destaca la expedición de la Ley 939 de 2004, por medio de la cual se amplía el espectro en el uso de los biocombustibles y se crean las condiciones para estimular su producción y comercialización, no solo de origen vegetal, sino animal, para su utilización en motores diesel, con lo que se abarca la parte del sector transporte no contemplada en la Ley 693 de 2001.
Y agrega que la promulgación de esa Ley tuvo como fin principal la diversificación de la canasta energética colombiana a través del uso de alternativas compatibles con el desarrollo sostenible en lo ambiental, lo económico y lo social.
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Gracias a estas leyes, en el país se hicieron obligatorias las mezclas de Bioetanol y de Biodiésel en los combustibles con el fin de reducir la acumulación de gases de efecto invernadero y de material particulado en la atmósfera, teniendo en cuenta que el sector transporte tiene una amplia participación en la emisión de CO2 en Colombia.
De acuerdo con Bendeck, “desde el inicio de este programa en el país se han dejado de lanzar a la atmósfera alta más de 31 millones de toneladas GEI y más de 8 mil toneladas de material particulado, lo que equivale a retirar de circulación entre 400 mil y 1,5 millones de vehículos al año, lo que ratifica la importante contribución que realizan estos energéticos renovables a la calidad del aire de los colombianos”.
Se estima que con las mezclas actuales, para el 2030 los biocombustibles reducirán 4,3 millones de toneladas de CO2, lo que contribuye con la meta nacional de disminuir el 51% de las emisiones para dicho año. De esta forma, el Bioetanol de caña de azúcar y el Biodiesel de aceite de palma se vislumbran como las alternativas más costo eficientes que tiene el país para hacer frente a la emergencia climática y llevar a cabo la transición energética que requiere el sector transporte.
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