El gobierno de Nicolás Maduro tachó de "hostil" el dictamen de un tribunal estadounidense que dio luz verde al proceso de venta de acciones de Citgo, filial en Estados Unidos de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).
El juez Leonard Stark, de la Corte Federal de Distrito en Delaware, consideró que "ha llegado la hora" de que se implemente el procedimiento para compensar a la canadiense Crystallex por la expropiación de una mina que operaba en Venezuela.
"Stark es de tal manera hostil contra Venezuela que sugiere a otros acreedores, que no fueron parte en el juicio a su cargo, que se presenten a participar en la rebatiña que ha declarado sobre las acciones de Citgo", dice un comunicado leído por el canciller venezolano, Jorge Arreaza, en una transmisión televisada.
El caso se remonta a 2011, cuando el gobierno del fallecido Hugo Chávez estatizó una mina de oro en Venezuela que le había sido adjudicada a Crystallex, sin reembolsar a la empresa los 1.200 millones de dólares que dispuso un arbitraje internacional.
Desde entonces, la cantidad se ha incrementado a 1.400 millones de dólares.
Según Caracas, el laudo arbitral "nada tiene que ver" con PDVSA ni su subsidiaria en Estados Unidos, señala el texto, que rechaza los "delitos trasnacionales" cometidos "con el fin de apropiarse de activos de Venezuela".
Al igual que Crystallex, muchos acreedores han intentado ir contra Citgo, que tiene su sede en Houston, Texas, para obtener la liquidación de sus deudas, que el gobierno de Maduro en Caracas, con problemas de liquidez, no puede o no quiere pagar.
"Es el reparto del botín a última hora" de Washington "con la complicidad de su fracasado títere local", dice el documento de la cancillería refiriéndose al líder opositor venezolano Juan Guaidó.
Estados Unidos desconoce el segundo mandato de Maduro, a quien tacha de "dictador" por considerar que fue reelegido en comicios fraudulentos en mayo de 2018, e impulsa su salida del poder con sanciones que alcanzan a PDVSA.
En contraparte, la administración de Trump le entregó a Guaidó el control de Citgo y lo ha reconocido como presidente interino de Venezuela.
La oposición venezolana considera que Citgo, una refinadora y comercializadora de combustible clave para PDVSA antes de las sanciones de Washington, es un "motor" económico en una eventual Venezuela post Maduro.
Para protegerla, el Departamento del Tesoro de la administración Trump emitió una licencia que prohíbe que ningún acreedor pueda embargar activos de PDVSA. En diciembre extendió su vigencia hasta julio de 2021.
