Más de 200 ataques contra activistas de derechos humanos en Venezuela, que incluyeron detenciones arbitrarias y allanamientos, fueron documentados en 2021, informó una ONG.
"De enero a diciembre de 2021 Cofavic documentó de manera independiente 215 casos de presuntos ataques contra defensores de derechos humanos", dijo Liliana Ortega, directora de la organización especializada Cofavic. Ortega, que fundó Cofavic para atender a víctimas de "El Caracazo", como se conoce a protestas que dejaron decenas de muertos en 1989, pero se ha dedicado a la defensa de los derechos humanos en el país, indicó que se trata de una política "sistemática" para "entorpecer, debilitar, inhibir y en definitiva eliminar las capacidades de oenegés y de defensores de derechos humanos".
Los ataques consisten en "detenciones arbitrarias, violaciones al debido proceso, uso de la justicia para persecución, actos de criminalización a través de los medios de comunicación estatal sistemáticos", y allanamientos, afirmó Ortega, tras asistir a una ceremonia en la sede de la Unión Europea en Venezuela.
Durante el acto, encabezado por Rafael Dochao, jefe de delegación de la UE en Caracas, se presentó un proyecto que busca "promover la protección de las personas defensoras de derechos humanos en situación de riesgo en Venezuela".
Estamos aquí porque apoyamos a los defensores de derechos humanos", apuntó el diplomático al inicio de la ceremonia en la que se presentó el libro titulado "Hablan las personas defensoras de derechos humanos" que reúne 16 testimonios de activistas.Ortega sostuvo que al encontrarse en una "primera línea de atención de los sectores vulnerables" y romper "el control social del Estado" han sido tildados como "enemigos internos".
Debido a ello, "ha habido una persecución sistemática contra las organizaciones no gubernamentales", remarcó.
Uno de estos ejemplos fue la detención, en julio de 2021, de tres activistas de la ONG Fundaredes, incluido su director Javier Tarazona, tras denunciar la presencia de guerrilleros colombianos en Venezuela y criticar la respuesta del gobierno.
Los arrestos fueron considerados por la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, "un ejemplo preocupante" de las "restricciones al espacio cívico" en Venezuela.
Desde entonces, Tarazona continúa detenido, mientras que sus compañeros fueron excarcelados. Se les imputaron los delitos de "promoción del odio, traición a la patria y terrorismo".
La Corte Penal Internacional (CPI) abrió en noviembre de 2021 una investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad en manifestaciones antigubernamentales que dejaron unos 125 muertos en 2017.
