El gobierno venezolano rechaza investigar supuestos crímenes contra la humanidad cometidos por sus fuerzas de seguridad, indicó la fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) en un documento desclasificado que podría allanar el camino para más acciones judiciales.
El tribunal con sede en La Haya (Holanda) abrió en 2018 una investigación preliminar por supuestos abusos de derechos del régimen de Nicolás Maduro, especialmente por la violenta represión de las protestas antigubernamentales de 2017.
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La antigua fiscal general de la CPI Fatou Bensouda dijo en diciembre de 2020 que existía "base razonable" para creer que se cometieron crímenes contra la humanidad, pero que necesitaba observar si Caracas llevaba a sus responsables ante la justicia.
Su oficina, en un informe emitido cuando Bensouda dejó el cargo en junio pero hecho público el martes, llegó a la "conclusión de que las autoridades no quieren investigar ni perseguir de verdad esos casos".
Las autoridades venezolanas solo han presentado un "altamente limitado" número de cargos criminales vinculados a esas protestas en las que murieron alrededor de 100 personas, indicó el informe de la fiscalía.
"Se han tomado decisiones nacionales con el propósito de proteger personas de responsabilidades criminales", criticó.
Bajo el Estatuto de Roma que rige el funcionamiento de la CPI, la corte tiene autoridad para investigar crímenes ocurridos dentro de países miembros como Venezuela si estos son reticentes o incapaces de hacerlo por ellos mismos.
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El nuevo fiscal Karim Khan deberá decidir si pide a los jueces abrir una investigación completa al respecto.
Esto podría implicar cargos criminales contra individuos vinculados a esa represión, aunque un hipotético juicio podría tardar años en llegar.
En base a sus indagaciones, la CPI asevera que las fuerzas de seguridad venezolanas y las milicias progubernamentales cometieron crímenes de encarcelamiento, tortura, violación y persecución, señaló el informe.
El texto se centra especialmente en el mal trato de las personas detenidas puesto que había pruebas disponibles de estas acusaciones, pero se pueden profundizar, añadió.
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunció en mayo la acusación contra 12 miembros de la Guardia Nacional por la muerte de un chico de 20 años en Caracas en 2017 tras el impacto de un bote de gas lacrimógeno.
Un policía venezolano fue condenado a 25 años de cárcel también en mayo por la muerte de un joven manifestante durante una manifestación contra Maduro en 2017.
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