El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, dio este jueves la "bienvenida" a la oficina de la CPI que abrirá en Caracas como parte de su investigación por crímenes de lesa humanidad contra el gobierno de Nicolás Maduro, que no obstante consideró innecesaria.
"El que no la debe, no la teme", dijo Saab durante una rendición de cuentas ante el Parlamento.
"Yo ratifico, con todo el debido respeto, que en Venezuela las violaciones de derechos humanos se sancionan, se persiguen, se juzgan, sin necesidad de que exista una especie de (...) coloniaje jurídico que tutele lo que ya aquí en buena lid se está haciendo", insistió.
La Corte Penal Internacional (CPI) acordó hace una semana con Maduro abrir una oficina en Caracas como parte de la investigación abierta en noviembre pasado por presuntos crímenes de lesa humanidad en manifestaciones antigubernamentales.
Saab se felicitó que en cuatro años y medio que lleva al frente del Ministerio Público, fueron arrestados 663 funcionarios policiales y militares, y a 33 civiles por violaciones de derechos humanos.
"Y hemos logrado que 243 fueran condenados", destacó.
El fiscal señaló por otra parte la detención desde 2018 de más de 200 personas vinculadas con "actos terroristas".
"En estos casos, que buscaron el asesinato de las más altas autoridades del Estado y el derramamiento de sangre en el país, se han aprehendido 209 involucrados, hay 202 privados de libertad, 205 acusados y 62 condenados por admisión de hechos", detalló.
Dijo que está pendiente la ejecución de "102 órdenes de aprehensión", 79 de ellas con alerta roja de Interpol. "Y hay 14 personas a las que se ha solicitado la extradición", siguió.
Las detenciones y órdenes de aprehensión están relacionadas con un atentado fallido contra Maduro el 4 de agosto de 2018, la intentona militar del 30 de abril de 2019 liderado por el opositor Juan Guaidó, y al menos otros seis planes que, según la Fiscalía, buscaban derrocar a Maduro.
"Estamos hablando de gente que está detenida por actos terroristas; además de enormes actos de corrupción" de los que el fiscal responsabilizó al "falso gobierno interno" de Guaidó, que se instaló en 2019 en medio de una crisis de gobernabilidad.
La Fiscalía tiene un total de 23 investigaciones por corrupción y "usurpación de funciones" que involucran a Guaidó y su entorno.
"Se han solicitado 59 órdenes de aprehensión por estos hechos, se han practicado 21 allanamientos, se han realizado 15 incautaciones y se han solicitado 258 bloqueos e inmovilizaciones de cuentas", detalló.
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