Revisando las recientes publicaciones del Centro Memoria sobre las guerrillas y la población civil, donde se habla de los diversos actos terroristas de los grupos subversivos -como las Farc-, y cómo tienen que sobrevivir emocional y físicamente los ciudadanos a todo tipo de ataques; me animó a escribir sobre un tipo de atrocidades de las cuales se habla y hasta se denuncia, pero que casi nunca se resuelven: Las que realiza el terrorismo de Estado.

Según la definición formal, el terrorismo incluye acciones violentas que van en contra de la población civil, que generan terror, tienen fines políticos y no son realizadas por ejércitos nacionales. Con este tipo de concepto es muy difícil enjuiciar al Estado y a sus actores institucionales representativos por actos que van en contra de los civiles; claro, ellos muy astutos, se blindan desde la definición, lo cual genera entonces una pregunta muy importante en estos momentos de diálogos de paz y reestructuración del orden público mediante acuerdos bilaterales: ¿Cómo denominar al terrorismo de Estado?

Para hablar un poco de este terrorismo elegí un caso del cual estamos enterados, y por diversos motivos, nos duele: El Catatumbo. En esta región recurrentemente afectada por la presencia de grupos al margen de la ley, 14.000 campesinos se manifestaron activamente para buscar una solución la crisis humanitaria que allí se ha vivido durante varias décadas. Las acciones del Gobierno Nacional, que han estado orientadas a la erradicación de los cultivos de coca, la implementación de una política energética -petrolera y minera- y la protección ilegal del negocio de la palma aceitera; han legalizado las masacres, desapariciones y desplazamientos que se han denunciado en el Catatumbo. Si estas formas de actuar del Estado no son terroristas, en el sentido en que atemorizan a la población mediante distintos recursos ilegales y abominables, no sé qué pueda ser entonces terrorismo de Estado.

No volvimos a saber nada de las negociaciones en el Catatumbo, en ningún medio, ni siquiera realizando una búsqueda exhaustiva se puede obtener información concreta de aquellos acuerdos a los que han llegado con los campesinos, ni de la Zona de Reserva, ni de nada; pero mucho menos sabemos de las respuestas que le ha dado el Estado a las víctimas y familiares del paramilitarismo de Estado, la represión abusiva del ESMAD o las ejecuciones extrajudiciales a manos del ejército colombiano.

Nadie dice nada, y nos vamos olvidando de los hechos, no pedimos justicia, ni memoria, ni reconciliación. Quizás no tenga la capacidad de pedir yo sola todas estas cosas para un pueblo azotado por la violencia desde todos los frentes, pero sí reclamo por lo menos un semantema que permita a las víctimas y ciudadanos solidarios exigir responsabilidad al Estado por sus crímenes contra la población civil, ya que por definición no puede llamarse terrorismo.