Venezuela atraviesa desde marzo una segunda ola de contagios por COVID-19, y a pesar de ello, en lo corrido del 2021 sus fronteras permanecen sin protocolos de bioseguridad.
Cientos de personas cruzan a diario los pasos irregulares entre Venezuela y Colombia, ya no sólo para la adquisición de alimentos y medicinas, sino para procurar inmunizarse en Norte de Santander, ante la ausencia de un protocolo de vacunación por parte del gobierno venezolano.
Durante el 2020, el país estableció un férreo cerco fronterizo con la instalación de al menos 36 Puntos de Atención Social Integral (PASI), en los que se mantenía en aislamiento a los migrantes que ingresaban desde Colombia.
Sin embargo, estos puntos de atención fueron evacuados a finales del pasado año. En la actualidad todos los centros dispuestos para este fin en el Táchira permanecen vacíos. El alcalde de San Antonio, William Gómez, reconoció que, en la frontera, sólo el PASI José Gregorio Hernández cuenta con personal, pero no hay personas siendo atendidas en él.
“Nosotros no estamos tan abocados como el año pasado y solo atendemos los casos comunitarios", dijo por su parte la autoridad única en Salud, Amelia Fressel, tras ser consultada en un programa de radio, donde confirmó la laxitud de las medidas de contención que otrora se aplicaban en el corredor fronterizo de San Antonio y Ureña, “obviamente no estamos manejando ese paso abierto porque la frontera la tiene cerrada Colombia", apuntó en relación con las trochas.
Vecinos de la zona reportaron mayor actividad en los pasos irregulares, especialmente en aquellos equipados con “puentes” improvisados, por cuanto las aguas del río Táchira se muestran crecidas a consecuencia de las lluvias, sin que ello amilane a los transeúntes que buscan por cualquier medio cruzar la frontera.
Las autoridades locales estimaron que durante la reciente semana de flexibilización, unas 5 mil personas diarias se movilizaron desde y hacia San Antonio, calculadas por el volumen de vehículos particulares y colectivos movilizados a diario por los puntos de control y la terminal de pasajeros.
Esta semana por ser de cuarentena radical, la movilidad hacia la zona se encuentra restringida, según advirtió el representante del Órgano Superior del Transporte en el Táchira, José Rosales Aleta.
Aunque desde Caracas se mantiene durante todo el 2021 un cerco de movilidad que prohíbe la entrada y salida de vehículos a la entidad tachirense, en la práctica quienes cruzan las trochas desde Colombia, se movilizan hasta el terminal de pasajeros de San Cristóbal, donde abordan las rutas hacia la población de Abejales, al sur del estado, y desde allí hacen trasbordo en los terminales paralelos que se han creado en la vía, donde pagando en pesos o en dólares a las mafias que controlan este negocio, se movilizan hacia los diferentes destinos del país, según explicó la directora general del Terminal de pasajeros de San Cristóbal, Patricia Gómez de Chacón.
Preocupación en el gremio médico
La falta de controles epidemiológicos en frontera, sumado a las dificultades que tiene la población venezolana para acceder a una adecuada atención en salud y la ausencia de una planificación para aplicación masiva de inmunizaciones contra la COVID-19, son las principales preocupaciones del gremio médico.
Omar Vergel, coordinador en Táchira de la ONG Médicos Unidos de Venezuela, destacó que las trochas son canales abiertos donde no se aplican protocolos de salubridad, “son muchas puertas y ventas abiertas sin control, que a la larga tienen un efecto en la salud de los tachirenses y del resto del país”.
Advierte que en la zona reina un descontrol social, político y de salud, y que la situación va más allá del simple uso de mascarillas, pues entre quienes cruzan a Colombia de ida y vuelta, se mezclan también migrantes que abandonan el país, muchos de ellos en estado de desnutrición, con deshidratación severa por las largas caminatas, con condiciones que “pueden tener incidencia en la generación de otras patologías”.
