Un mes después de estallar el escándalo de corrupción en la estatal petrolera PDVSA, a Táchira llegaron comisiones de la Policía Nacional Anticorrupción (PNA), procediendo inicialmente al allanamiento de un local comercial de Barrio Obrero, a plena luz del día, establecimiento presuntamente vinculado al empresario tachirense Kristhofer Barrios Vivas, quien fue detenido por las autoridades venezolanas.
En este escándalo de corrupción se han visto involucrados empresarios y dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), quienes se habrían apropiado de 3.000 millones de dólares, hecho que ha causado repudio entre la población venezolana que continúa viviendo los embates de la crisis económica. Incluso dentro de la red de corrupción figuran varias mujeres que el mismo gobierno venezolano ha señalado como las "muñecas del petróleo".
El diputado de la Asamblea Nacional, Hugo Saavedra, dijo que tenían años denunciando casos de presunta corruptela frente a los ojos de los ciudadanos, por lo que exigió que estas investigaciones no sean solo un formalismo.
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"Exigimos a la fiscalía del Ministerio Público que la investigación se lleve hasta las últimas consecuencias, no solo con un par de detenciones, sino que se llegue al fondo en el caso de los servicios públicos en Táchira, que tiene que ver directamente con Petróleos de Venezuela, como gasolina y del gas doméstico, cuyas empresas han sido manejadas por ciudadanos que ostentan una vida bastante adinerada y que no han rendido cuentas", dijo Saavedra.
El dirigente político destacó que por la corrupción con el funcionamiento de las estaciones de servicio en la entidad no hay un solo detenido, no obstante; aseguró haberse conocido denuncias de en ese sentido en el suministro de la gasolina, “mientras que con el dinero proveniente de hechos ilícitos han construido un parque mobiliario bastante importante en el estado”.
Investigación en primera fase
El gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal, fijó posición ante el procedimiento en la entidad de la Policía Nacional Anticorrupción, señalando que los funcionarios y empresarios salpicados en la trama de corrupción, “no son revolucionarios y son criminales de guerra, quienes deben ser juzgados según lo establecido en las leyes venezolanas”.
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Bernal precisó que los implicados serían juzgados con apego al derecho y al debido proceso, por lo que no tendrán perdón ni complacencia en el trato ni en la sentencia que establezcan las leyes venezolanas.
El Gobernador dijo respecto al allanamiento por parte de la PNA en una tienda ubicada en Barrio Obrero, un sector exclusivo de San Cristóbal, que “en Táchira hay personas que de alguna manera están relacionados con la trama de la corrupción, por lo que exhorto a la colectividad a no sorprenderse por más allanamientos, tanto a funcionarios públicos como a empresarios detenidos por esta trama que está en su primera fase de desarrollo”.
Reiteró que “las investigaciones no han cesado, hay 67 detenidos oficialmente y se continúan realizando allanamientos en las diferentes partes del país para erradicar los funcionarios públicos, que haciendo uso de sus estatus políticos se enriquecen, horadando el inmerso esfuerzo del Gobierno Nacional en proteger al pueblo, en medio de las dificultades y sanciones económicas”.
En los operativos desplegados por la Policía Nacional Anticorrupción van 58 personas detenidas, entre ellas altos funcionarios públicos, que fueron imputados por “hechos de corrupción” y “malversación de fondos” en la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) y la Corporación Venezolana de Guayana (CVG).
Anggy Polanco / Corresponsal La Opinión
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